La de Jessica Cochrane y su esposo Brayan Ching es una historia de riesgo y de éxito empresarial.
Emigraron de Venezuela a Perú en septiembre de 2017. Llegaron como turistas con el plan de solicitar refugio para iniciar una nueva vida allá.
Atrás dejaban a su familia, amigos, un pequeño negocio de importación de aparatos electrónicos de China y dos carreras universitarias inconclusas. La de ella, en Comercio Internacional; la de él, en Ingeniería de Sistemas.
“No teníamos absolutamente a nadie aquí en Perú. Fue un riesgo al 100%”, comenta Cochrane a BBC Mundo.
Traían, eso sí, un pequeño capital con el que querían emprender algún negocio y que, a la postre, les sirvió para solicitar un permiso temporal de permanencia en lugar de pedir refugio.
Para juntar más ahorros para su emprendimiento, durante los dos primeros meses él empezó a conducir un Uber y ella se empleó como dependienta en una tienda.
Poco después, alquilaron un local en el céntrico distrito de Barranco, en Lima, donde hoy tienen un restaurante con 49 mesas, 32 empleados y 72 platos en la carta de comida venezolana pero también con algunas fusiones de inspiración peruana.
“Nuestro restaurante es la casa del venezolano en Lima. Es muy exitoso. Los domingos estamos llenos y la gente hace fila para entrar”, dice orgullosa Cochrane, propietaria de El Budare Restobar.
La emprendedora advierte, sin embargo, que el inicio fue muy duro. Para ahorrar gastos, la pareja dormía en el segundo piso del local -que entonces solo tenía ocho mesas- y estuvo a punto de cerrar porque durante los primeros cinco meses casi no entraban clientes.
Cochrane y Ching forman parte del enorme éxodo que se ha producido en los últimos años y que ha convertido a Perú en el segundo país, después de Colombia, en recibir mayor número de venezolanos: más de 750.000, según las estimaciones más recientes.
Se trata de una ola humana que ha puesto a prueba tanto a los organismos internacionales responsables de los migrantes -como la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur)- tanto como a los servicios sociales de los países receptores que se han visto presionados por la demanda de nuevos servicios.
También ha sido un éxodo que ha tenido un impacto favorable en la economía peruana.
Efecto dinamizador
El gasto realizado por los inmigrantes venezolanos representó un aumento de 0,33 puntos porcentuales de los 4 puntos de crecimiento que registró el PIB peruano durante 2018, de acuerdo con un informe del Banco Central de Perú, publicado la semana pasada.
Jorge Baca Campodónico, exdirector del Banco Central de Perú y exdirector ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo, señala que las estimaciones del ente emisor se basan en cifras de mediados de 2018, por lo que considera que el aporte real de la inmigración venezolana se ubica en 1% del PIB.
Indica que en su cálculo asume que la mayor parte de los inmigrantes venezolanos trabajan en el sector informal y ganan en promedio el salario mínimo o algo menos.
El experto destaca que el número de venezolanos en Perú creció mucho a lo largo de 2018, al pasar de unos 40.000 en enero a unos 650.000 en diciembre, por lo que la fecha que se tome como referencia para hacer el cálculo hace diferencia.
“Una de las cosas positivas que ha tenido este éxodo masivo de venezolanos es que ha permitido dinamizar las economías de los países receptores. Toda esta gente ha tenido que alquilar vivienda, contratar servicios, pagar impuestos al consumo y, en el caso de quienes han logrado empleo formal, tributan al tesoro público de este país”, dice Óscar Pérez, presidente de la ONG Unión Venezolana en Perú, a BBC Mundo.
El Banco Central de Reserva de Perú también apuntó como un efecto favorable de la inmigración venezolana un aparente descenso de la inflación.
En teoría, esto respondería a que el aumento de la cantidad de trabajadores disponibles reduce los costos salariales y, posiblemente con ello, los precios.
El ente emisor pone el ejemplo del sector de alimentación fuera del hogar. Indica que en Lima, donde se concentra la mayor migración venezolana, se registró una inflación de 3,9% en 2017 y de 2,5% en 2018, mientras que en el conjunto de las demás regiones del país fue de 4,8% y de 3,4% en esos años.
Baca Campodónico, sin embargo, atribuye ese descenso de la inflación a una caída en el precio de los alimentos, en concreto de las papas, y asegura que si hubiera algún efecto causado por la inmigración venezolana sería “marginal”.
Impactos negativos y mixtos
En todo caso, ese aumento del número de trabajadores disponibles derivado de la inmigración tiene relación con una de los aspectos más polémicos del éxodo venezolano: el posible desplazamiento de peruanos de sus puestos de trabajo.
“El grupo más sensible a la inmigración resulta ser el menor a 39 años y con niveles de educación bajos. Este grupo corresponde al 7 por ciento de la población de trabajadores de Lima y Callao (a las afueras de Lima). Cerca del 45 por ciento de este grupo de trabajadores se desempeña en el sector servicios y coincidentemente, los inmigrantes venezolanos se desempeñarían principalmente en el sector servicios”, señala en su informe el Banco Central.
Baca Campodónico asegura que solamente 30.000 de los más de 750.000 venezolanos que han llegado a Perú trabajan en el sector formal de la economía y que la mayor parte se desempeña como dependientes de comercio, meseros o guardias de seguridad, lo que explica que su ingreso promedio se sitúe en torno al salario mínimo.
“Perú no tiene un problema de empleo, sino de subempleo. Lo que ha mostrado la inmigración venezolana es que el mercado informal tiene una capacidad de absorción bastante significativa. En otras palabras, no es que un venezolano esté desplazando a un peruano, sino que quien está dispuesto a trabajar por menos dinero, va a encontrar un empleo”, apunta el experto.
Explica que en los sectores de comercio y seguridad, la mayor parte de los trabajadores son venezolanos porque tienen una formación mayor a la de un trabajador peruano de ese nivel y están dispuestos a ganar menos.
“Entonces, obviamente los contratan porque hacen un mejor trabajo a menor costo“, apunta.
El experto indica que un efecto negativo de esta inmigración masiva es su “impacto significativo” sobre los servicios públicos.
“Estos venezolanos también se enferman y necesitan una serie de servicios sociales. Ya el sistema de salud peruano estaba bastante precario y con la llegada de 800.000 personas más, obviamente, se generan nuevos problemas. Lo mismo ocurre con la educación y con otros servicios sociales que ya de por sí estaban limitados”, agrega.
El reto de agregar valor
Alonso Segura, catedrático de la Pontificia Universidad Católica del Perú y exministro de Finanzas, considera que el éxodo venezolano tiene un impacto mixto en la economía de su país pues aunque a corto plazo dinamiza la economía, presiona los salarios a la baja -sobre todo en sectores de baja calificación- aunque permite a los empleadores disponer de mayor mano de obra.
“Si estos venezolanos permanecieran en Perú, el efecto responderá a varios factores. La economía te dice que generalmente estas oleadas migratorias también generan crecimiento en el largo plazo, pero la magnitud de ese impacto va a depender de si podemos darle empleo a plena capacidad”.
“Ese es un problema también con los peruanos. Si tienes un ingeniero y no puedes emplearlo como tal, el impacto en la productividad es bastante menor“, apunta.
Sobre este aspecto, Óscar Pérez asegura que en la Unión Venezolana en Perú trabajan en el Plan de Asimilación Productiva, una iniciativa con la que buscan la reubicación geográfica de los venezolanos en regiones del país que sufran un déficit concreto de trabajadores calificados.
Afirma, por ejemplo, que en el área de salud, el sector público peruano tiene un déficit de 28.000 profesionales (unos 18.000 médicos y unos 10.000 enfermeros).
“Nosotros lo que decimos es que en lugar de tener médicos o ingenieros trabajando como meseros, guardias de seguridad o choferes, se les puede ubicar en distintas provincias ejerciendo sus carreras, lo que generaría una situación ganar-ganar para Perú y para el profesional venezolano que mejoraría su situación socioeconómica, colocando su conocimiento y experiencia al servicio de este país”, apunta.
Pérez asegura que la propuesta ya ha sido presentada ante las autoridades peruanas y que ya han hecho avances como la reducción de las tasas para convalidación de títulos académicos en 70%.
Indica que el que estos venezolanos con cualificaciones universitarias dejen de trabajar como meseros u obreros también permitirá que dejen de ser vistos como una amenaza laboral para los peruanos que trabajan en esos sectores.
Mientras tanto, Jessica Cochrane y su marido Brayan Ching ya planean poner en marcha un segundo emprendimiento en el que estiman que también necesitarán bastantes empleados.
Una potencial buena noticia. Tanto para venezolanos como para peruanos.
Fuente: www.bbc.com