Hace 46 años el gobierno chileno de Salvador Allende, que pasaba por una crisis económica y social, fue derrocado por los militares, al mando del general Augusto Pinochet, quien comenzó una dictadura que duró hasta 1990 y quedó en la memoria colectiva como una de las más cruentas de la región. Allende se suicidó en el golpe.
Entre los más de 3.000 muertos y desaparecidos que dejó el gobierno militar hubo ecuatorianos, entre ellos tres asesinados y uno desaparecido. Familiares de uno de los fallecidos mantienen una causa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Jimmy Freddy Torres Villalba, babahoyense de 19 años, y Felipe Porfirio Campos Carrillo, guayaquileño de 23, estudiaban en la Universidad de Concepción, pero fueron ejecutados el 20 de septiembre de 1973. Kenny Torres, hermano del primero, cuenta que su hermano se fue a Chile a inicios de ese año para estudiar ingeniería con una beca.
“Mi hermano era bien deportista y estudioso”, dice Kenny Torres, quien cree que es necesario seguir con el caso.
“Lo que se sabe es que ellos fueron capturados por identificarlos con grupos extremistas, algo que fue luego descartado. Los llevan a la comisaría cuarta, no los registran en el libro de detenciones, los torturan y al día siguiente los sacan en una caravana de vehículos, los lleva a orillas del río Bío Bío y ahí les dan el golpe de gracia”, dice Jorge Sosa, abogado que patrocina el caso ante la CIDH.
Sosa agrega que por el caso solo hay un coronel de carabineros sentenciado, pero que estuvieron vinculados varios más que fueron liberados aduciendo que no se podía comprobar las confesiones que los inculpaban. Según el abogado no se cumplió el proceso correctamente.
Torres y Campos eran compañeros de habitación en la universidad, y, según el informe de la llamada la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, ninguno tenía una afiliación política.
Samuel Campos, hermano de Felipe Campos, dice que este estaba estudiando kinesiología. “Como mi hermano José estaba allá, él se fue a estudiar”, recuerda Samuel, quien agrega que su otro hermano fue torturado, pero se salvó.
En ambos casos la madres de los asesinados recibieron una compensación cuando estaban vivas, pero los ahora demandantes consideran fue insuficiente para el daño causado.
En tanto, Adolfo García aún espera que se conozca qué ocurrió con su hermano, el guayaquileño José Félix García Franco, quien estudiaba Medicina y desapareció en Temuco, donde hacía el internado.
“Era una persona introvertida”, cuenta Adolfo y agrega que en el hospital de Temuco, su hermano conoció a una enfermera que fue su pareja. Ella tenía siete meses de embarazo cuando Félix desapareció.
De acuerdo con la Comisión chilena, cuando el gobierno militar pidió a los extranjeros que se presenten, Félix García acudió a la comisaría 2ª de Carabineros en Temuco el 18 de septiembre de 1973. No se lo volvió a ver. Tenía 31 años. Sin embargo, según Adolfo García, la pareja de su hermano dijo que a ella le indicaron que había sido enviado a la frontera para que vuelva a Ecuador, pero nunca se supo qué pasó.
Adolfo cuenta que su sobrino, quien ahora es un abogado de 45 años, recibió una indemnización por una ley de la presidencia de Ricardo Lagos.
Otro asesinado por la dictadura fue el portovejense Sócrates Ponce Pacheco, quien trabajaba en el Ministerio de Vivienda en Santiago, era representante del Partido Socialista Ecuatoriano en Chile y había sido presidente de los alumnos extranjeros de la Universidad de Chile. Él fue detenido el día del golpe, 11 de septiembre, y encontraron su cuerpo con múltiples heridas de balas dos días después en una calle.
Fuente: www.eluniverso.com
