Fiscal Diana Salazar indica que hay suficientes pruebas para condenar a Rafael Correa y otros exfuncionarios por el caso Sobornos 2012-2016
Quito –
La fiscal general Diana Salazar aseguró que ha cumplido con probar que en el caso Sobornos 2102-2016 existió un organización delictiva que se formó desde las alta esferas del poder para pedir recursos a empresarios privados a cambio de obras públicas de vialidad estatal.
Aseguró que en la parte alta de la organización estuvo ubicado siempre el expresidente Rafael Correa, de quien dijo tuvo todo el poder durante los 10 años que fue el presidente de la República. «Todo estaba organizado desde arriba», indicó Salazar en una exposición de sus alegatos de cierre que duró dos horas y cincuenta minutos.
Salazar pidió al tribunal que se declare la culpabilidad de Rafael Correa en calidad de autor mediato, mientras que los 19 restantes acusados debían ser vistos como autores directos del delito de cohecho que se procesaba. Para todos pidió se les aplique la pena máxima de seis años y debido a la agravante de que se había cometido el delito en grupo, dijo que se les sume un tercio de la pena. Un aproximado de ocho años podría ser la pena que sugería al tribunal la Fiscalía.
Presentación de los alegatos de cierre en décimo tercer día de audiencia de juzgamiento del caso Sobornos 2012-2016
La fiscal Salazar explicó que al no encontrar elementos de peso que evidencien la participación del exasesor de María Duarte, Yamil Massuh, en la organización, ella se abstuvo de acusarlo y pidió que el tribunal defina lo pertinente. En el caso de Massuh la Fiscalía señaló que el solo obedeció órdenes de sus superiores.
En el caso de Pamela Martínez y Laura Terán, debido a que ellas habían cooperado con la Fiscalía par resolver la investigación, la fiscal general pidió una reducción de la pena que se les imponga de hasta el 90%.
También en el caso del empresario y procesado Pedro Verduga, relacionado con la empresa Equitesa, Salazar dijo que por haber dicho la verdad y colaborar con la justicia solicitó se le aplique la atenuante trascendental, lo que significaría que solo tenga un tercio de la pena que se le defina.
Pese a que la Fiscalía definió que la cantidad por el pago de sobornos, en efectivo y por medido del cruce de factura, alcanzaría los $ 7.5 millones, ella creía que en la reparación integral par el Estado no solo debía incluirse esa cifra sino la cantidad de cada uno de los contratos que se entregaron dentro de esta trama de corrupción. Para Fiscalia la cifra por reparación integral debería ser de $ 1 130 420 108,08. (I)
Fuente: www.eluniverso.com
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