El controvertido veto migratorio firmado en marzo por Donald Trump incluía solo a países de mayoría musulmana.
Pero ahora esa situación cambió.
La Casa Blanca anunció este domingo que Estados Unidos extenderá las restricciones a tres países más, incluidas autoridades de Venezuela y sus familiares, y ciudadanos de Corea del Norte y Chad.
Las tres naciones se unen así a la lista integrada por Irán, Libia, Siria, Yemen y Somalia, por lo que ahora la orden afectará a un total de ocho países.
Pero ¿en qué consiste el veto migratorio a autoridades de Venezuela?
El comunicado de la Casa Blanca dedica solo un párrafo a explicar por qué incluye al país sudamericano en la lista de países vetados.
“Venezuela ha adoptado varios de los estándares del Departamento de Seguridad Nacional, pero el gobierno no coopera en verificar si sus ciudadanos representan amenazas de seguridad nacional o de seguridad pública; no comparte adecuadamente información relacionada con la seguridad pública y el terrorismo”, dice la declaración publicada por la Casa Blanca.
Agrega que “no coopera plenamente con recibir a sus nacionales sujetos a órdenes finales de expulsión de Estados Unidos”.
Venezuela responde
Venezuela emitió un comunicado “rechazando categóricamente” lo que califica de “irracional decisión”.
Para la Cancillería de Venezuela, emisora del comunicado, las acusaciones de Trump están basadas en “falsos supuestos de que [el pueblo venezolano] representa una amenaza terrorista y al orden público estadounidense”.
El gobierno de Nicolás Maduro también ha hecho un llamamiento a la comunidad internacional para denunciar lo que considera “acciones inemistosas y hostiles del gobierno de Estados Unidos”.
El texto también asegura que la decisión del presidente estadounidense entra dentro de la “campaña de agresiones sistemáticas contra nuestro país, busca justificar la utilización de temas tan serios como la lucha contra el terrorismo como un medio para alcanzar objetivos políticos”.
¿Cómo y a quiénes a afecta?
La orden indica que se suspende la entrada a EE.UU. de “ciertos funcionarios del gobierno venezolano que son responsables de las deficiencias identificadas”
Se trata de “funcionarios de los organismos gubernamentales de Venezuela que participan en los procedimientos de investigación y selección (para visas)”. Estos son, según la Casa Blanca:
Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz
Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería
Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas
Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional
Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores
La medida también afecta a los “familiares directos”de estos funcionarios.
Se detalla que se aplica a aquellos funcionarios y familiares que tengan visas de negocios (B-1), de turismo (B-2) y de negocios/turismo (B-1/B-2).
El presidente de EE.UU. acusó al gobierno de Nicolás Maduro de haber establecido una “dictadura socialista que ha causado un dolor terrible” en sus ciudadanos.
La declaración agrega que otros “nacionales de Venezuela que tengan visa (a EE.UU.) deben ser sujetos de medidas adicionales apropiadas para asegurar que la información de los viajeros se mantenga actualizada”
Pero no da más detalles. La medida entrará en vigencia el 18 de octubre.
Duras declaraciones
La decisión de incluir a Venezuela en el veto migratorio sigue a las declaraciones desfavorables que Donald Trump dedicó el martes a ese país en la Asamblea General de Naciones Unidas.
El presidente de EE.UU. acusó al gobierno de Nicolás Maduro de haber establecido una “dictadura socialista que ha causado un dolor terrible” en sus ciudadanos.
“Su régimen corrupto ha destruido la prosperidad de su nación, imponiendo ideologías fallidas que crean pobreza y miseria”, dijo.
“Los venezolanos mueren de hambre y su país está colapsando. Sus instituciones democráticas están siendo destruidas. Esta situación es inaceptable y no podemos quedarnos parados y observar”, agregó.
Señaló que su objetivo es “ayudarles a recuperar su libertad” y “restaurar la democracia”.
Sin embargo, no explicó cómo piensa lograrlo.
La decisión del Tribunal Constitucional de Venezuela de atribuirse las funciones de la Asamblea Nacional, en marzo, desató meses de protestas en Venezuela.
Solo adelantó que impondría sanciones al gobierno de Maduro “que ha llevado a su nación al colapso total”.
El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, rechazó las afirmaciones de Trump y dijo que su discurso ante la ONU parecía retroceder a la misma retórica de la Guerra Fría.
Aseguró que Venezuela ha construido una revolución democrática y constitucional que se basa en procesos electorales.
Sanciones
EE.UU. ya había establecido una serie de sanciones contra funcionarios del gobierno venezolano y contra el mismo Nicolás Maduro.
En agosto, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva imponiendo por primera vez sanciones financieras sobre el gobierno.
Las duras medidas prohibieron las negociaciones sobre nuevas emisiones de deuda y de bonos por parte del gobierno de Venezuela y de la petrolera estatal Pdvsa.
También impidieron la negociación de ciertos bonos que estén en manos del sector público venezolano, así como el pago de dividendos al gobierno de Venezuela.
El Departamento del Tesoro de EE.UU. congeló los bienes de Nicolás Maduro en territorios estadounidenses y le prohibió la entrada a ese país.
Semanas antes, Nicolás Maduro fue incluido en la lista negra de la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE.UU.
Esta entidad congeló todos los bienes del presidente venezolano en territorios estadounidense y prohibió a personas e instituciones de ese país realizar transacciones con él.
Adán Chávez Frías, hermano del expresidente Hugo Chávez, y siete funcionarios del gobierno venezolano ingresaron también en esta lista.
En mayo, el gobierno de Estados Unidos congeló los bienes de ocho magistrados del Tribunal Constitucional y les prohibió la entrada al país, por asumir las funciones de la Asamblea Nacional (AN).
Luego amplió estas restricciones a 13 miembros prominentes del gobierno, funcionarios de la empresa estatal petrolera PDVSA y altos cargos militares, por su participación en la organización de la Asamblea Constituyente, la represión de las protestas y el manejo de áreas clave de la economía.
