En un acto simbólico, el Centro de Detención de Carandirú fue demolido en 2002.
El juicio de la masacre de la prisión de Carandirú, ocurrida hace más de 20 años en Sao Paulo, comenzó este lunes en Brasil reviviendo un emblemático caso de violación a los derechos humanos que dio la vuelta al mundo.
Un primer grupo de 26 policías militares serán juzgados por un tribunal de jurados al que tendrán que responder por parte de los crímenes ocuridos el 2 de octubre de 1992, cuando murieron un total de 111 presos.
La tragedia ocurrió cuando un grupo de prisioneros organizó un motín al interior del pabellón número 9 de la cárcel que en su momento fue la prisión más grande y famosa de América Latina.
Como respuesta, una tropa de choque invadió el edificio para aplacar la rebelión y abrió fuego contra los amotinados.
El Tribunal de Justicia de Sao Paulo decidió dividir el juicio en cuatro grupos de acusados.
El primer grupo que este lunes se sienta en el banquillo originalmente tenía un total de 28 personas, pero dos de ellos ya fallecieron.
De este grupo de 26 acusados, cerca de un tercio todavía trabaja para la policía. La mayoría ya se ha jubilado.
Este grupo está acusado de los 15 asesinatos ocurridos en el pabellón 9. Otros 57 policías más serán juzgados en tres grupos más a lo largo de 2013.
Los cuatro grupos de acusados fueron divididos de acuerdo con el número de pisos del pabellón 9.
La prisión de Carandiru fue demolida en 2002.
Un grupo por los derechos que se convirtió en criminal
Esta cárcel llegó a ser la más grande y famosa de América Latina.
Este juicio se demoró años en comenzar debido a un conflicto de competencias, ya que la justicia militar común y la militar se disputaban quién debería juzgar a los imputados.
Cinco de los acusados de la masacre ya fallecieron, incluidos el comandante que estuvo a cargo de la intervención policial, el coronel Ubiratán Guimarães, quien ya había sido juzgado y declarado inocente.
Actualmente todos los acusados que están respondiendo al proceso permanecen en libertad.
Esta matanza ha sido catalogada por analistas como uno de los factores determinantes para la fundación de la organización criminal Primer Comando de la Capital (PCC).
El grupo originalmente nació para luchar por los derechos de los presos y en contra de los abusos de los agentes del Estado.
Sin embargo, la facción también comenzó a realizar una serie de operaciones criminales, entre ellos asesinatos, robos y tráfico de drogas y armas.
Argumentos
Según analistas y miembros del Ministerio Público, el resultado del juicio tendrá un peso simbólico ya que será interpretado como un indicador de la policía y la sociedad paulistana.
La fiscalía aseguró que tiene muchas pruebas que demostrarían la culpa de los policías.
Sin embargo, los fiscales dicen estar preocupados por una supuesta tendencia en el país en la que los jurados absuelven a aquellos policías que matan criminales, sin importar en las circunstancias de las muertes.
"Una parte de la sociedad todavía entiende que un bandido bueno es un bandido muerto. Un conjunto vasto y cristalino de pruebas como el que tenemos en nada va a ayudar si el jurado juzga basado en esa premisa", afirmó en declaraciones a la prensa el fiscal Márcio Friggi.
La abogada defensora, Ieda Ribeiro de Souza, dijo que los integrantes del jurado pueden ser influenciados por la repercusión negativa que la masacre tuvo en el exterior.
"No le quiero dar una connotación política a este juicio. Quiero un juicio jurídico", aseguró Ribeiro de Souza.
La abogada afirmó que la principal estrategia de la defensa será argumentar que como no fueron hechos exámenes conclusivos de balística de las armas de los policías no sería posible probar quién mató a quién.
Complicaciones
Los fiscales temen que los jurados tomen una decisión más afectiva que basada en los hechos del crimen.
Sin una individualización de las conductas, la ley brasileña no permite una especie de condenación genérica. Para dificultar aún más el debate, se suma el hecho de que no hay ningún testigo ocular de los crímenes.
Sin embargo, el Ministerio Público afirma tener pruebas suficientes para individualizar las conductas.
"Si 286 policías entraron en Carandirú aquel día, ¿por qué no están siendo juzgados todos?", dijo Souza a BBC Brasil.
De acuerdo con la fiscalía y el Tribunal de Justicia, esta primera fase del juicio debería durar unos 10 días. En caso se ser condenados, los acusados pueden apelar y seguir en libertad.
