Para algunos, se trata de una “revolución”, un movimiento popular-musical, una movilización como nunca antes se había visto en la azarosa historia de la isla.
En menos de dos semanas, un movimiento cívico sin precedentes, con algo de reggaetón y mucho de indignación, colocó a Puerto Rico en el mapa noticioso del mundo y acabó con la renuncia del gobernador, Ricardo Rosselló.
La filtración de un chat privado -salpicado de misoginia y homofobia- y el arresto de dos altas figuras de su gobierno acusadas de corrupción fueron la chispa que hizo estallar el polvorín de las inconformidades sociales de los puertorriqueños durante las últimas décadas.
“Sin quitarle nada a la palabra, se trata de un hecho revolucionario. Nunca antes la sociedad puertorriqueña se había unido de esta forma para pedir la salida de un gobernante”, asegura a BBC Mundo José J. Colón, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras.
Las protestas tomaron las principales calles desde mediados de julio.
La música, las pancartas, los cacerolazos y las banderas llegaron incluso a lugares más remotos de la isla y, aunque resistió durante más de diez días, Rosselló no tuvo más alternativa: anunció en la noche del miércoles que deja el cargo el venidero 2 de agosto.
Sin embargo, la gran pregunta pendiente es en qué medida su renuncia será también un primer paso para resolver los graves problemas de la isla que, en definitiva, fueron la “bomba de tiempo” que hizo finalmente explotar la publicación de los chats.
“No cabe duda de que Rosselló se tenía que ir. Sus comentarios en esos chats mostraban un desprecio total por principios básicos de derecho humano, de respeto a la dignidad humana y fue legítimo que se pidiera su salida”, comenta Colón.
“Pero también es cierto que el descontento popular detrás de estas protestas tiene su base en otros problemas de fondo que preceden a Rosselló”, agrega.
Una isla en crisis
Desde 2006, Puerto Rico vive una desastrosa crisis económica de la que todavía no ve un posible escape.
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Ese año, el Congreso de EE.UU. suspendió un acuerdo que favorecía a las empresas estadounidenses para que se establecieran en la isla, lo que conllevó a un éxodo de compañías y propició el inicio de la debacle económica.
Decenas de miles de puertorriqueños han emigrado desde entonces, los índices de desempleo y pobreza se han disparado, los recortes y la deuda se ha multiplicado y el gobierno se quedó sin fondos.
“Algunos de los problemas que están ventilando en estas protesta tienen más que ver con una serie de políticas de austeridad, una serie de recorte de gasto público que llevan muchos años molestando a la población”, señala Colón.
En 2016, Estados Unidos puso en marcha un mecanismo para la restructuración de la deuda, que ascendía entonces a los US$70.000 millones, a cargo de una junta federal de supervisión que tomaría decisiones respecto a los presupuestos del país, en lugar de la gobernación.
Desde entonces, esa junta se ha vuelto una figura incómoda, tanto para las autoridades locales como para muchos puertorriqueños, que la consideran una intromisión en los asuntos internos que limita la posibilidades de desarrollo.
Y sin mucho que poder hacer en ese sentido al inicio de su gobierno en 2017, Rosselló no tuvo de otra que declarar la isla en bancarrota.
Luego llegó el huracán María, que barrió Puerto Rico de un lado a otro con una estela de desolación y muerte: el gobierno reconoce unos 3.000 fallecidos pero según un estudio de Harvard fueron más de 4.600.
Además, miles de personas se quedaron sin electricidad por casi un año.
“Cuando vino el huracán, el gobierno de Puerto Rico contaba con muy pocos recursos y había municipios que, incluso sin el huracán en el horizonte, ya no tenían recursos para recoger la basura o para hacer cosas básicas de su gestión”, comenta Colón.
“Todo estos eventos más casos de corrupción que se han ido reiterando han creado una creciente polarización en Puerto Rico: hay sectores cada vez más ricos y sectores cada vez más pobres”, explica a BBC Mundo Carlos A. Suárez Carrasquillo, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Florida.
“Al final todas estas circunstancias que se vienen cargando por décadas actuaron como caldo de cultivo que finalmente explotó con el chat de Ricardo Rosselló. Pero es cierto que hay una serie de eventos que preceden a Rosselló que complican la dinámica de gobernar en Puerto Rico”, señala.
La Junta Fiscal sigue controlando los gastos y su influencia en la política local, en criterio de muchos, trasciende sus propias funciones.
Mientras, los efectos del ciclón se hacen sentir casi dos años después y el gobierno no cuenta con los recursos monetarios o humanos para hacerle frente.
La relación con Estados Unidos
Desde finales de 1898, cuando dejó de ser colonia de España, Puerto Rico vive una situación anormalmente peculiar: no se convirtió, como ocurrió con Cuba, en un país independiente, sino que pasó a manos de EE.UU., sin llegar a ser estado de pleno derecho.
Es un “estado libre asociado”, lo que implica que sus habitantes son ciudadanos estadounidenses; pero no cuentan con algunos de los deberes, privilegios y ayudas de los que gozan otras partes de EE.UU.
En cinco ocasiones los puertorriqueños han llevado a referendo el estatus político de su isla, pero los resultados han sido variados y nunca Washington los ha considerado vinculantes.
La relación es también un motivo de división en la isla, entre los que creen que Puerto Rico debería ser independiente y los que opinan que debería unirse a Estados Unidos o, incluso, los que abogan por otras opciones intermedias.
“Históricamente, el tema que fragmenta la política en Puerto Rico es el de la relación con Estados Unidos: estabilidad, independencia, status quo. Y es un problema que también sigue independientemente del gobernador”, señala Suárez Carrasquillo.
De acuerdo con Colón, a través de los años, el Partido Progresista, liderado hasta el pasado domingo por Rosselló, encaminó sus esfuerzos a negociar la admisión de Puerto Rico en la federación estadounidense.
“Eso ha resultado claramente una fantasía y una estrategia fallida, por las propias objeciones en Estados Unidos que van desde los temores a que se convierta en un estado demócrata, a temas raciales o miedo de que Puerto Rico necesite incentivos contributivos especiales”, señala.
La compleja relación con Estados Unidos conlleva a que la isla esté sometida además a un régimen especial en el que solo barcos con bandera estadounidense pueden atracar allí, lo que se ha convertido en un obstáculo para su comercio y ha encarecido notablemente los precios de los productos.
“Sin lugar a dudas, la relación con Estados Unidos es uno de los problemas que también van más allá de Rosselló y que serán un desafío para cualquiera que gobierne”, agrega Colón.
Un gobierno “sin legitimidad”
El anuncio de la renuncia de Rosselló el miércoles conllevó también a que muchos se cuestionarán quién tomará las riendas de la isla hasta las elecciones de 2020.
Es la primera vez que un gobernador dimite en la isla, pero las complicaciones en la sucesión no radican ahí.
De acuerdo con la Constitución de Puerto Rico, sería el el secretario de Estado quien debería sustituir al gobernador, pero Luis G. Rivera Marín, quien ocupaba ese cargo, también renunció por su participación en el intercambio de los polémicos chats.
En tal caso, la tercera persona en línea para el cargo es quien ocupe la Secretaria de Justicia, en este caso la abogada Wanda Vásquez Garced.
La jurista, no obstante, enfrenta numerosas señalamientos en su país y una creciente impopularidad, tanto entre los sectores que han organizado las protestas como en la clase política.
De hecho, los expertos consultados por BBC Mundo ponen en duda que realmente llegue al cargo: en las protestas de este miércoles, ya comenzaron a aparecer carteles y consignas en su contra.
Según Colón, las protestas en la isla responden también a un elemento que va más allá del escándalo del chat de Rosselló: la crisis de los partidos tradicionales y del bipartidisimo que ha gobernado la isla desde mediados del siglo XX.
“Mientras no cambie la estructura política, esas incomodidades se continuarán generando y continuarán apareciendo candidaturas independientes”, señala.
Suárez Carrasquillo, por su parte, considera que una de las cuestiones fundamentales es cómo la máxima autoridad de Puerto Rico conseguirá restaurar la confianza popular, que se ha lastrado por décadas.
“El gobierno perdió su legitimidad popular y una de las interrogantes que quedan pendientes es si la persona que asuma el cargo la podrá recuperar. Y nombrar a alguien que tenga apoyo popular es un elemento decisivo para las elecciones de 2020”, considera.
De acuerdo con el experto, la gran pregunta es si existe alguien en Puerto Rico que pueda satisfacer las exigencias políticas de este movimiento cívico que lleva dos semanas en las calles de San Juan. O de dónde saldrá el líder que satisfaga las exigencias políticas de los que ahora han tomado las calles.
“Ahora queda por verse qué tendrá más fuerza si los conflictos partidistas tradicionales o los reclamos sobre la relación con EE.UU., la voz de los que piden Rosselló fuera, pero también, los que protestan por la Junta o por la deuda. Es algo que está por verse en los días venideros”, opina.
Fuente: www.bbc.com
