El cerco del chavismo sobre Juan Guaidó se estrecha.
Elvis Amoroso, contralor general de Venezuela, anunció este jueves la inhabilitación del líder opositor por un periodo de 15 años.
Según explicó, es el máximo que permite la ley para las irregularidades de las que se acusa al gran rival actual del presidente Nicolás Maduro.
La inhabilitación supone la prohibición de desempeñar cargo público alguno y es la última de las medidas restrictivas que las autoridades han impuesto al presidente de la Asamblea Nacional, que el pasado 23 de enero invocó la Constitución ante lo que califica como “usurpación” de Maduro y se declaró presidente interino de Venezuela.
A los pocos minutos de conocerla, Guaidó la desafió, como hizo con todas las anteriores.
“No vamos a detenernos ni un segundo”, dijo a sus seguidores reunidos en un acto político en Caracas.
La oposición ha llamado el próximo sábado a nuevas protestas contra el gobierno de Maduro y por la ola de apagones que afectan a todo el país.
¿De qué se acusa a Juan Guaidó?
Amoroso dijo que en la declaración fiscal de Guaidó se habían detectado inconsistencias y que su nivel de ingresos no concordaba con el nivel de gastos.
El funcionario aseguró que Guaidó realizó desde 2015 más de 90 viajes al exterior con un coste superior a los 310 millones de bolívares (unos US$94.000) sin aclarar cómo pudo costear estos gastos.
En concreto, la contraloría venezolana estimó en 200 millones de bolívares (unos US$60.700) los gastos de Guaidó por su permanencia en “hoteles de lujo”fuera del país.
Desde que en enero lanzara su desafío a Maduro, las autoridades chavistas lo han acusado de ser la cabeza de “un golpe de estado orquestado por Estados Unidos”.
Otros dirigentes opositores que anteriormente elevaron el perfil contra Nicolás Maduro o contra su predecesor, Hugo Chávez, fueron acusados de prácticas corruptas que finalmente condujeron a su inhabilitación.
Henrique Capriles, rival de Chávez y Maduro en sendas elecciones presidenciales, fue inhabilitado en 2017 por supuestas irregularidades presupuestarias cometidas en su época de gobernador del Estado Miranda.
Otra destacada figura de la oposición, Leopoldo López, corrió la misma suerte en 2008,acusado de mal uso de recursos públicos en los años en los que fue alcalde del municipio caraqueño de Chacao (Caracas).
López fue más tarde condenado a 13 años por su papel en las protestas contra Maduro de 2014 y cumple régimen de casa por cárcel.
¿Qué responden Guaidó y sus seguidores?
El líder opositor apareció de nuevo en público al poco de que Amoroso anunciara la sanción en la televisión estatal.
En una intervención ante el público retransmitida por internet, Guaidó consideró que el anuncio del contralor general es una “farsa”.
El líder opositor se preguntó cómo podría haber cometido irregularidades con su sueldo de diputado si ni él ni el resto de legisladores no chavistas lo perciben desde 2016.
Las declaraciones de Guaidó van en la línea que ha mantenido la oposición desde que, al comenzar 2019, expiró el primer sexenio presidencial de Maduro.
Como no reconocen los resultados de los comicios de mayo de 2018 en los que Maduro se proclamó reelecto porque aseguran que no fueron limpios, los opositores niegan al sucesor de Chávez la legitimidad para un segundo mandato.
Tampoco admiten que Amoroso sea realmente el contralor de Venezuela, ya que fue designado por la Asamblea Nacional Constituyente, compuesta únicamente por leales al gobierno y creada a iniciativa de Maduro después de que la oposición se hiciera con el control de la Asamblea Nacional, en la que tradicionalmente había recaído el poder legislativo en Venezuela.
“No existe contralor, no existe Constituyente”, aseveró Guaidó.
El diputado opositor Juan Miguel Matheus explicó que “todos los actos de Elvis Amoroso son nulos y su autoridad ineficaz”.
Matheus alegó que Amoroso “no fue designado por la Asamblea Nacional, como dispone el artículo 279 de la Constitución” y “por lo tanto usurpa la Contraloría General de la República”.
Guaidó y sus seguidores han repetido que seguirán movilizándose para sacar a Nicolás Maduro del poder y lograr “devolver la democracia a Venezuela”.
¿Qué consecuencias tendrá en la práctica la inhabilitación?
En realidad, para el gobierno y sus simpatizantes, Guaidó lleva tiempo fuera de la ley, por lo que en la práctica esta nueva medida no altera significativamente la situación.
Salvo que sea detenido, una posibilidad a la que se han referido abiertamente tanto el propio Maduro, como Diosdado Cabello, otro dirigente de gran peso en el chavismo, Guaidó ha dejado claro que mantendrá su actividad.
Ya el pasado febrero violó la prohibición de salida del país que le impuso el Tribunal Supremo después de que se declarara presidente encargado para aparecer en concierto en favor de lo que lo la oposición describió como “ayuda humanitaria” en Cúcuta, Colombia.
Después visitó varios países de América Latina y regresó a Venezuela por el aeropuerto de Maiquetía, que sirve a Caracas, lo que fue interpretado como un reto más al poder de Maduro y a las instituciones chavistas.
Además, Guaidó preside la Asamblea Nacional, un órgano que, después de un largo tira y afloja entre chavistas y opositores por asegurarse la mayoría, fue declarado “en desacato” también por el Tribunal Supremo.
La mayoría de las leyes que aprueba no se aplican en el país, ya que el chavismo retiene el poder ejecutivo y el control de las fuerzas de seguridad y del ejército.
¿Qué puede pasar ahora?
El anuncio de Amoroso supone un paso más en lo que parece una calculada ofensiva gubernamental que pudiera terminar derivando en el arresto de Guaidó.
El pasado 21 de marzo agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) detuvieron a su jefe de gabinete, Roberto Marrero, que ingresó en prisión acusado de graves cargos.
Pese a que Guaidó dijo entonces que Maduro “no se atreve” a detenerlo a él, Phil Gunson, experto del International Crisis Group, centro de análisis internacional, indicó a BBC Mundo que el gobierno “parece estar intentando lanzar un mensaje a Guaidó y también medir la reacción internacional”.
“Si la reacción a la detención de Marrero se queda en lo meramente declarativo, entonces Guaidó va a empezar a estar en serio peligro”, advirtió entonces Gunson.
Estados Unidos, que había advertido de que respondería a cualquier paso contra Guaidó con “una acción fuerte y significativa”, lo hizo imponiendo nuevas sanciones contra el gobierno de Maduro y los intereses que controla.
Pese a ello, el fantasma de la detención de Guaidó sigue en el ambiente.
Gunson no descarta que “Maduro espera unas elecciones y quiere eliminar al candidato más popular”.
“Pero un acuerdo para ir a las urnas parece muy lejano”, concluye.
Fuente: www.vvc.com
