A Edwin Ávila le quedaron grabadas las palabras de su esposa cuando este lunes supo que el fantasma de la deportación de Estados Unidos vuelve a rondar sus vidas: “¿Qué vamos a hacer? Nuestras hijas están aquí…”.
Ambos son parte de los cerca de 200.000 inmigrantes de El Salvador que desde 2001 están habilitados a residir y trabajar legalmente en EE.UU. mediante un programa humanitario denominado Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés).
Pero el gobierno de Donald Trump anunció este lunes que acabará con esa protección para los salvadoreños, como ya lo había hecho antes para más de 50.000 haitianos y unos 2.500 nicaragüenses.
Se trata del último giro restrictivo en la política migratoria de Trump, cuyo gobierno también decidió el año pasado poner fin al programa DACA, que protegía de la deportación a 750.000 jóvenes indocumentados.
Todo esto puede ser visto como un asunto doméstico, con Trump resuelto a mostrar que cumple sus promesas de reducir la inmigración en EE.UU.
También puede verse como un tema regional, después que el gobierno de El Salvador pidiera infructuosamente a Washington mantener la salvaguardia a sus ciudadanos, cuyas remesas de dólares son vitales para la economía del país.
Donald Trump: el presidente estadounidense sigue resuelto a reescribir la política migratoria de su país.
Pero Ávila, que tiene 44 años y vive desde hace 20 en EE.UU., sostiene que desde el punto de vista personal el nuevo anuncio pone a su familia ante una disyuntiva angustiosa.
“Es una pesadilla, es como que me estén cortando las manos”, dice a BBC Mundo.
“Salir de las sombras”
Oriundo del departamento salvadoreño de Santa Ana, Ávila entró clandestinamente a EE.UU. en 1997 luego de atravesar México en trenes de carga y recibir ayuda de un amigo mexicano para cruzar la frontera.
Tras probar suerte por seis meses en Los Ángeles, Ávila se mudó a Nueva York, donde cursó secundaria y reside hasta ahora: su casa está en la localidad de Islip, Long Island.
Su esposa llegó a EE.UU. dos años más tarde que él, también como indocumentada.
El anuncio de la finalización del TPS para casi 200.000 salvadoreños generó protestas en Estados Unidos.
Pero lo que cambió su vida por completo fue la decisión de EE.UU. de conceder el TPS a inmigrantes salvadoreños después que el país del que provenían fuera destruido por dos terremotos en 2001.
Ese mismo año Ávila consiguió su permiso, que le permitió pasar de trabajar en una fábrica de cartón por US$5 la hora a crear su propia compañía de promoción de grupos musicales latinos.
“Eso nos hizo salir de las sombras”, dice sobre el TPS que ha renovado periódicamente hasta ahora.
Sin embargo, el gobierno de Trump concluyó que ese beneficio temporal concedido a los salvadoreños debe caducar porque la situación crítica causada los terremotos ya es cosa del pasado.
Y por tratarse de un programa temporal, sostiene el gobierno, los permisos para cientos de miles de inmigrantes no pueden renovarse de forma permanente.
El Departamento de Seguridad Nacional estadounidense indicó que los salvadoreños tendrán tiempo hasta el 9 de septiembre de 2019 para abandonar EE.UU. o “buscar un estatus de inmigración legal alternativo”.
Esto significa que la cuenta regresiva ya corre para miles de familias salvadoreñas como la de Ávila, que el año pasado manifestó para que se mantuviera el TPS durante una visita de Trump a su zona de Long Island.
“Devastador”
“Todo lo había logrado a base del TPS; es algo devastador”, sostiene Ávila. “Tengo dos hijas todavía que dependen prácticamente de mí. Sin ese permiso de trabajo ya no podré trabajar. ¿Dónde voy a conseguir dinero para pagar mi casa?”.
Además, dice que sus padres y suegros precisan de las remesas que les envían cada mes él y su esposa, quien trabaja cuidando gente de la tercera edad.
Asegura que luchará junto a un colectivo de inmigrantes que integra desde el año pasado, la Alianza Nacional TPS, para que el Congreso encuentre una solución al problema que enfrenta, ya sea una amnistía o algo similar.
Una parte de los beneficiarios del TPS tienen hijos nacidos en EE.UU.
De lo contrario, Ávila asume que deberá volver a la vida incierta de inmigrante sin papeles, pero con tres hijas de 10, 14 y 18 años que son ciudadanas estadounidenses por haber nacido en el país.
“Prácticamente tendría que quedarme en las sombras, porque mis hijas están estudiando aquí. No puedo movilizarme”, evalúa. “A menos que me cojan y me digan ‘se tiene que ir’, tendría que seguir en las sombras y luchar por algo que se pueda lograr”.
Ávila asegura que siente a EE.UU. como su país y volver a El Salvador voluntariamente está fuera de sus planes, por la situación de inseguridad que se vive allí.
“Se han incrementado mucho las pandillas. Mi hija tiene 14 años, la otra 18. Llevar a estas muchachas a El Salvador… Allá lo que están haciendo es forzar a las muchachas a ingresar a las pandillas”, advierte.
“Y si su papá y mamá son deportados”, continúa, “¿con quién quedan ellas aquí?”.
