Evaluarán a universidades sobre cinco grandes áreas

Evaluarán a universidades sobre cinco grandes áreas

Con cinco grandes áreas a evaluarse en lugar de las cuatro del 2009, pero con menos de la mitad de los indicadores y parámetros incluidos en aquella ocasión, las universidades públicas y privadas de la ciudad -al igual que las del resto del país- están iniciando un nuevo examen institucional, con fines de acreditación y recategorización.

La "Evaluación de Desempeño Institucional de las Universidades y Escuelas Politécnicas del Ecuador", del 2009, la ejecutó el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (Conea), extinguido tras la expedición de la nueva Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), en octubre de 2010.

El Conea realizó ese examen en cumplimiento de lo dispuesto en el Mandato 14 de la Asamblea Constituyente.

Además de entregar su informe, ese organismo clasificó a las universidades del país en cinco categorías, de la A a la E.

Ahora, el nuevo proceso está a cargo del Consejo Nacional de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (Ceaaces), creado por la LOES.

Lo que se examinará. El modelo del 2009 constaba de 179 indicadores y cuatro áreas: docencia, gestión administrativa, investigación y vinculación con la comunidad.

El de ahora tiene 46 indicadores, divididos en cinco áreas: academia, eficiencia académica, investigación, organización e infraestructura.

La primera es la más amplia y se relaciona con los catedráticos. Los tres primeros parámetros se refieren al número de profesores con títulos académicos de doctorado (PhD) y maestría con que cuenta la institución; así como los que están en proceso de obtenerlos.

La disposición legal de que los catedráticos universitarios cuenten con esos títulos para ser docentes titulares o auxiliares ha suscitado polémica en algunos gremios y entidades, que cuestionan la factibilidad de cumplir este requisito. La medición del número de profesores a tiempo completo y tiempo parcial, que ya constaba en la evaluación anterior, es ahora más específica en cuanto a sus cargas horarias y sus respectivas remuneraciones.

Un aspecto que se agrega es la existencia de espacios físicos para los docentes titulares a tiempo completo. Entre otras cosas, se pide, por ejemplo, que estos maestros cuenten con oficinas propias dotadas de computadoras, teléfono y acceso a Internet.

El modelo de evaluación diferencia entre academia y eficiencia académica. En esta segunda área consta, por ejemplo, el número de estudiantes que siguen en la institución años después de haber ingresado, para determinar la tasa de retención de alumnos. También el número promedio de años que les toma terminar la carrera o el posgrado. De allí el nombre del área.

La evaluación del 2009 le otorgó un peso especial a la investigación. El modelo actual la vuelve a considerar como un área aparte y valora su planificación, la producción científica y la publicación de libros.

En este último aspecto, pide que esos libros hayan sido revisados por pares (colegas) del autor y que hayan sido publicados en listas o portales académicos especializados.

A diferencia de lo anterior, las actividades de vinculación con la comunidad y gestión administrativa ahora están insertas en el área de organización.

Y si el modelo anterior pedía la existencia de programas de seguimiento a sus graduados; el actual mide el uso que la entidad le da a esa actividad y a la información que le genera.

También como novedad, esta área incluye un indicador sobre la existencia de políticas o medidas de acción afirmativa para el acceso de estudiantes y la nominación de docentes, autoridades o trabajadores.

Es decir, para eliminar todo tipo de discriminación.

En infraestructura, ahora no solo se mide el acceso de los estudiantes y maestros a bibliotecas virtuales, sino el promedio de consultas por usuario.

Finalmente, el modelo pone énfasis en el género y examina si hay paridad de hombres y mujeres en la planta docente y en los cargos directivos.

Esta nueva evaluación se efectúa en cumplimiento de una disposición general transitoria de la Constitución (vigente desde octubre del 2008). La Carta Política señala un plazo de cinco años para que la entidad de acreditación y evaluación realice este proceso.

Es decir, el plazo vence en octubre próximo, pero el Ceaaces ha anunciado los resultados para antes de esa fecha.

radioroja

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