La familia del ecuatoriano Romario Veloz Cortez, fallecido a causa de un disparo al inicio del estallido social que vive Chile, aseguró este jueves que los militares son los “culpables” de la muerte del joven y denunció “desamparo” por parte del Gobierno chileno.
“Estamos convencidos de que fueron los militares. Hay muchos vídeos” en los que se aprecia el momento del disparo, dijo en una rueda de prensa su madre, Mary Cortez.
El joven, de 26 años y residente en Chile desde hace más de dos décadas, falleció el pasado 20 de agosto durante una manifestación en la región de Coquimbo, 500 kilómetros al norte de Santiago, y es una de las veinte víctimas mortales que han dejado las protestas que sacuden al país desde hace tres semanas.
La Fiscalía se encuentra investigando la presunta participación de los militares en su muerte, y en la de otras cuatro personas, pero de momento “hay pocos avances en el caso”, lamentó su madre, quien negó que el joven estuviera participando en un saqueo en el momento de su muerte.
“Yo le pido a Dios todas las noches que estas personas se arrepientan y se delaten la una a la otra y salga el responsable y diga por qué lo hizo”, agregó.
La familia, que ha recibido el apoyo de la Embajada de Ecuador y se ha reunido con Amnistía Internacional (AI), se quejó además de la nula atención que han recibido por parte del Gobierno del presidente Sebastián Piñera, muy cuestionado por la represión con la que se están conteniendo las manifestaciones y quien decretó el estado de emergencia durante los primeros días de la crisis.
“Ninguna autoridad (del Gobierno) se nos ha acercado a darnos una explicación ni a decirnos qué es lo que realmente ha pasado. Ni siquiera nos avisaron de que Romario había fallecido, nos enteramos por las redes sociales”, indicó el padre, Erik Veloz.
Chile vive desde el pasado 18 de octubre la ola de protestas más graves desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), que se iniciaron en respuesta a la subida del precio de pasaje de metro, pero que se convirtieron luego en un clamor popular contra el gobierno y el desigual modelo económico del país.
La mayoría de las marchas son pacíficas, aunque en las últimas jornadas algunas se han tornado violentas y han terminado con saqueos, barricadas, destrucción de mobiliario público y cruentos enfrentamientos entre carabineros y manifestantes.
También están aumentando las denuncias por supuesta vulneración de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad y varios organismos internacionales han enviado misiones al país para investigar los hechos.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), un ente estatal independiente, informó este jueves que han recibido más de 2.300 denuncias, 73 de las cuales corresponden a actos de tortura, y que hay 1.778 heridos hospitalizados, de los que casi dos centenares padecen lesiones oculares.
“Me quitaron a mi niño. Lo único que nos queda en confiar en la justicia”, concluyó el padre del joven ecuatoriano. EFE
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