Cansada de lo que describe como una injerencia gubernamental en las atribuciones de la Fiscalía General del Estado, un ente autónomo de la Función Judicial, su titular Diana Salazar le escribió una carta al presidente de la República Lenín Moreno para quejarse y advertir sobre la intromisión de la Secretaría Anticorrupción que dirige José de la Gasca en los últimos casos de sobreprecios en materiales e insumos médicos en el sistema de salud durante la pandemia del Coronavirus en Ecuador.
Salazar dice que, de oficio, los fiscales provinciales se encuentran investigando actos de corrupción en las compras públicas durante el estado de excepción, sobre todo en los hospitales del Ministerio de Salud Pública (MSP) y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
Pero las investigaciones «se han visto afectadas en varias ocasiones por la información o requerimientos que se efectúan desde la Secretaría Nacional Anticorrupción a los diferentes fiscales que se encuentran a cargo».
El organismo gubernamental a cargo de De la Gasca también entorpece el trabajo de la Fiscalía «por la información que se publica diariamente en redes sociales, sin ser sujeto procesal».
«Este accionar causa preocupación, por cuanto lejos de coadyuvar con la investigación penal, alerta a los sospechosos o investigados y eleva el riesgo de fuga con la evidente destrucción de evidencia, siendo necesario salvaguardar la investigación», dice la fiscal Salazar en su carta al presidente Moreno.
El mandatario ecuatoriano designó el 17 de enero del 2020 a José Javier de la Gasca López como nuevo secretario Anticorrupción, el tercer responsable en ocupar el cargo desde que se creara la Secretaría por Decreto Ejecutivo el 15 de mayo de 2018 y reformada el 6 de febrero de 2019.
Pero Salazar, luego de sustentar con seis largos puntos lo que dicen las normas constitucionales y legales respecto a las funciones y atribuciones exclusivas de la Fiscalía para perseguir delitos, «sin que medie injerencias de ningún otro ente público estatal», advierte al presidente la obligatoriedad que tiene el Estado de cumplir con la garantía de independencia de funciones basada en normas de la Convención Americana de Derechos Humanos.
Paúl Granda (i) quien renunció al Consejo Directivo del IESS en medio de escándalos de sobreprecios de mascarillas con José de la Gasca, secretario gubernamental Anticorrupción.
Si la corrupción en las compras públicas del MPS y el IESS sucede en la esfera del Ejecutivo ¿cómo pretende el Ejecutivo ser juez y parte? se infiere en el texto de la fiscal. Más aún si esa dependencia creada por Decreto no tiene las competencias de la Fiscalía.
Fiscalía pide eliminar la Secretaría Nacional Anticorrupción creada por el Ejecutivo
«Señor Presidente, las actuaciones gubernamentales deben permanecer al margen de las competencias que la Fiscalía posee constitucionalmente, por lo tanto, resulta preocupante las actuaciones que ha venido realizando la Secretaría Nacional Anticorrupción , a través de su titular, José de la Gasca, al emitir pronunciamientos en redes sociales que pueden poner en riesgo los operativos que la Fiscalía se encuentra gestionando… las actuaciones mencionadas representan una clara y evidente injerencia en la división de funciones que rige en nuestro país», dice el escrito de Salazar a Moreno.
Y le explica que la secretaría creada por Decreto «no puede ser considerada sujeto procesal en los términos del artículo 439 del Código Integral Penal, siendo evidente que en los delitos derivados de corrupción en donde se lesionan bienes jurídicos de la eficiente administración pública, la víctima -por mandato constitucional- es el Procurador General del Estado.
Pero Salazar no solo se queda en la queja contra De la Gasca y la advertencia de injerencia del Ejecutivo en las investigaciones de corrupción en las compras públicas que hace la Fiscalía, sino que además le sugiere al presidente Moreno cerrar esa oficina burocrática.
«En este contexto convencional, constitucional y legal, ante la política de austeridad implementada desde el Ejecutivo, es mi obligación hacerle notar, señor Presidente, que ya existen instituciones públicas creadas por la Constitución y la Ley, que vienen combatiendo la corrupción de manera técnica y jurídica, cada una dentro del marco de sus competencias, como son: El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y la Contraloría General del Estado».
«Bajo este análisis resulta imperioso que, desde el Ejecutivo, se analice si es beneficioso para el país financiar una institución pública, cuyas atribuciones ya se encuentran debidamente determinadas e implementadas por otras instituciones, como es el caso de la Fiscalía General del Estado, como única titular de la acción penal», concluye la carta de Salazar. (I)
Fuente: www.eluniverso.com
