Guatemala vive momentos inéditos. Desde hace unas semanas existe una serie de ataques coordinados, en lapsos de pocas horas, de pandillas de maras contra la Policía Nacional Civil (PNC).
Pero lo que más alarma a las autoridades es la capacidad de fuego que demuestran los pandilleros, quienes utilizan armas de guerra exclusivas de las fuerzas armadas.
Oficialmente los ataques son una represalia de la pandilla Barrio 18 al traslado de sus jefes encarcelados a prisiones de máxima seguridad.
Para algunos el problema es mayor: especialistas creen que tras la súbita ola de violencia puede estar la mano de exmilitares, empresarios o políticos afectados por la lucha contra la corrupción en el país.
Son grupos con capacidad económica para armar a las pandillas e incitarlas a la violencia, asegura el consultor Daniel Martínez-Amador, de la Red de Investigadores Insumisos.
Una de las evidencias es el comportamiento atípico de las pandillas, añade.
“Es increíblemente sospechoso por el volumen de fuerza y el tipo de armas que están utilizando”, explica a BBC Mundo.
“No son las armas usadas por la delincuencia común sino de uso exclusivo del ejército. Entonces una buena pregunta es de dónde las obtienen”.
El factor CICIG
Aunque hasta ahora la principal línea de investigación por los ataques es una represalia de la pandilla Barrio 18, las autoridades no descartan que existan otros actores detrás de la violencia.
“Como investigadores no podemos descartar ninguna hipótesis”, le dice a BBC Mundo Stu Velasco, subdirector de investigación de la PNC.
“Por el momento estamos concentrados en el tema de pandilla 18 y de sus líderes, pero en la investigación no podemos descartar nada”, añade.
Más de 400 miembros de la pandilla Barrio 18 han sido detenidos.
Parte del problema está en la historia reciente de Guatemala, recuerda el investigador Martínez-Amador.
Tras los acuerdos de paz firmados en 1996 para terminar con el conflicto armado, en el país se quedaron grupos vinculados con gobiernos militares.
Se les conoce como Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad (Ciac), y generalmente están formados por empresarios, exmilitares y políticos.
Según especialistas, estos grupos han sido afectados por el trabajo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
En otros años han sido vinculados con protestas o incluso acciones violentas.
Eso ocurrió en el gobierno del expresidente Álvaro Colom, cuando durante algunas semanas aumentó el número de homicidios en la capital del país.
Los crímenes coincidieron con una jornada de manifestaciones para exigir la destitución del mandatario, recuerda Martínez-Amador.
Mercado de sicarios
¿Puede repetirse la historia? Los ataques sistemáticos contra la Policía Nacional Civil son una señal, insiste el especialista.
“Te hace sospechar, normalmente los grupos criminales racionalizan la violencia porque saben que va a haber reacción de las fuerzas de seguridad”.
“Si a eso le añades que se van desnudando con mayor claridad las relaciones de los Ciac, estructuras que no logran apegarse a la democracia y están relacionados con exmilitares que quedaron enquistados en los quehaceres de seguridad”.
Un escenario que también analizan las autoridades. “Hemos tenido en los últimos meses una capacidad de fuego distinta a ataques que anteriormente se suscitaban en contra de las fuerzas de seguridad”, reconoce por su parte el subdirector de la PNC.
“Hay un rumor en el país y varias personas que apuntan a que detrás de las pandillas pudiera haber otro tipo de grupos o de sectores”.
Por el momento, repite, las investigaciones se concentran en la pandilla Barrio 18, pero en la indagatoria también rastrean el origen de los arsenales incautados.
“Vamos a ahondar en la intelectualidad de estos crímenes y si obedecen a una decisión de lo que se llama como Rueda 18, de la pandilla MS o si hay actores distintos”.
Tres policías murieron en ataques de pandillas.
En el país es frecuente que las pandillas sean contratadas para cometer actos violentos, como homicidios le dice a BBC Mundo Walter Menchú, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN).
“No es un secreto que en Guatemala existen grupos que venden servicios de sicariato”, explica.
“En el bajo mundo existe un mercado donde la gente los contrata para ejecutar acciones específicas”.
“No vamos a negociar”
Mientras siguen las investigaciones la violencia de pandillas no cesa. El subdirector de la PNC dice que en los últimos días se evitaron 15 ataques contra la corporación.
Incluso en algunos casos encontraron instrucciones precisas en teléfonos de pandilleros detenidos para asesinar policías.
Walter Menchú señala que la pandilla Barrio 18 “intenta probar al gobierno”.
Cuando inició la actual administración del presidente Jimmy Morales “hubo un incremento en la cantidad de homicidios por desmembramiento. No fueron crímenes simples, lo que hicieron es mandar mensajes con la saña como los realizaron”.
Guatemala vive una inédita ola de violencia de pandillas.
En eso coincide Stu Velasco. Los líderes de las pandillas, dice, presionan al gobierno para conservar privilegios en las prisiones donde se encuentran.
Incluso trataron de obligar el traslado de 200 miembros de su organización, detenidos en varias cárceles, a los centros de reclusión donde se encuentran.
Es una de las razones de los ataques a la PNC, explica el funcionario. La otra es que se han detenido a más de 400 pandilleros y se desarticularon organizaciones completas de la pandilla.
“A toda acción hay una reacción. Están siendo despojados de sus plazas donde extorsionaban y de su capacidad operativa de recurso humano”.
“El Estado, la PNC no puede negociar con criminales. No lo vamos a hacer, seguiremos trabajando. Esto nos cuesta vidas de compañeros policiales, pero así es este tema”.
