La provincia de Carchi, fronteriza con Colombia, fue tomada este jueves por un contingente “sin precedentes” de fuerzas de seguridad y militares, para dispersar a numerosos manifestantes que llevan tres días de protestas contra el Gobierno.
Unos 200 efectivos policiales y alrededor de un centenar de militares tuvieron que emplear medios antidisturbios para dispersar a cientos de manifestantes, especialmente jóvenes estudiantes, que se habían autoconvocado para tomar la sede de la Gobernación de Carchi, en Tulcán, capital de la provincia, y el Aeropuerto Luis A. Mantilla, en desuso y al norte del sector.
En ambos puntos los manifestantes arrojaron piedras, especialmente contra el edificio de la Gobernación, donde se produjeron desperfectos y hubo algunos heridos entre los agentes del orden y los propios manifestantes, según pudo constatar Efe.
El enfrentamiento, en el que los efectivos emplearon gases lacrimógenos para dispersar a los concentrados, concluyó después de que un dirigente estudiantil llamara a los manifestantes a desistir de que tomaran la sede y se colocara un candado en el acceso.
En paralelo, otro grupo de manifestantes acudió al mencionado aeropuerto tras difundirse el rumor de que llegaba un vuelo que traía miembros del Ejército para aplacar las protestas que se iniciaron el martes. En este escenario también se registraron forcejeos.
Tanto el paso internacional de Rumichaca, frontera con Colombia, como varias vías de toda la provincia, que comprende seis cantones, se encuentran bloqueadas por obstáculos y vehículos de transporte pesado como parte de una protesta que ha adquirido el lema de “Carchi resiste” en redes sociales.
El prefecto de Carchi, Guillermo Herrera, explicó a Efe que quince personas fueron detenidas entre el miércoles y el jueves por desórdenes públicos, entre ellas un menor, y que al menos seis de ellas fueron liberadas tras la intervención de sus abogados.
Calificó la presencia de las fuerzas de seguridad y militares de un hecho “sin precedentes” y censuró el uso de la fuerza y gases lacrimógenos para dispersar lo que definió como “marchas pacíficas de familias”.
En conversación telefónica, indicó que la Asamblea Ciudadana por la Dignidad del Carchi, que incluye sectores económicos, políticos, sociales y gobiernos locales, inició el martes la movilización abierta e indefinida en toda la provincia para exigir al Gobierno nacional que atienda sus reclamaciones.
Entre ellas, figura la puesta en marcha de un plan de reactivación económica que “contenga medidas legales” y refirió que “hace más de un año que se aprobó una ley de desarrollo fronterizo” que ha sido incumplida por el Ejecutivo de Lenín Moreno.
“El Carchi está en crisis por su condición fronteriza”, subrayó el prefecto al enumerar que el empleo en la región procede principalmente del comercio, el transporte pesado, la agricultura y ganadería, pero que con la dolarización de la economía estos sectores han perdido competitividad respecto a la vecina Colombia.
Herrera señaló que el plan que tiene que ejecutar el Gobierno debe incluir recursos para que puedan canalizarse durante al menos cinco años y sugirió que podrían invertirse las utilidades de la banca pública de desarrollo, al tiempo que pidió una estructura tributaria diferenciada para la provincia por un tiempo definido, que incluya una reducción del IVA para hacer el comercio más atractivo.
Ante la magnitud de la protesta de los últimos días, el responsable provincial pidió al Gobierno “dialogar en serio, con hechos concretos”, y lamentó que la respuesta haya sido “la represión y militarización” de la zona.
Al iniciarse la movilización el martes, la Policía ecuatoriana informó de que se había establecido un puesto de mando unificado junto con las Fuerzas Armadas y el sistema integrado de emergencias Ecu911, para seguir las protestas convocadas por varios sectores. EFE
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