Sandra Cruz – Quito
Wilman Terán, Dilza Muñoz e Iván León, jueces de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), negaron ayer el recurso de casación que planteó la defensa de Carlos Pareja Yannuzzelli, exgerente de Refinación de Petroecuador, sentenciado por el delito de delincuencia organizada.
Así, el tribunal acogió la solicitud de la Fiscalía General del Estado (FGE), incluso frente al pedido que plantearon Marco P. y Diego T., quienes también cumplen una sentencia de seis años de privación de la libertad.
El 13 de septiembre del año pasado, el Tribunal de Garantías Penales de la Corte declaró a Pareja Yannuzzeelli, exfuncionario del Gobierno del entonces presidente Rafael Correa, a Diego T., Samuel V. y Frankie S., culpables, en calidad de autores directos del presunto delito.
La pena impuesta fue de seis años y ocho meses, tomando en cuenta las agravantes previstas en el artículo 47 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Y se dispuso el pago de una multa de 12 salarios básicos unificados y de 4.876.678.87 dólares como reparación integral. El dinero debía ser pagado de forma solidaria por los sentenciados.
Petroecuador y Legadoil habrían firmado varios contratos de servicios para la Refinería de Esmeraldas, incumpliendo la normativa del Sistema Nacional de Contratación Pública. En dos de los contratos analizados, el proceso se realizó con la oferta única de la empresa adjudicada, sin que exista motivación para no invitar a más proveedores.
Otra de las supuestas irregularidades fue que los contratos investigados fueron firmados a través de una carta de intención, figura que no se encuentra contemplada en la legislación del Servicio de Contratación Pública ni en la normativa interna de Petroecuador.
El 3 de octubre, el exministro fue trasladado de la cárcel 4 de Quito al Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi (Latacunga).
Cinco procesos judiciales enfrenta el exministro correísta; cohecho, enriquecimiento ilícito, delincuencia organizada, peculado y lavado de activos.
Corrupción
Todos en torno a la red de corrupción que operó en la estatal Petroecuador. El primer proceso que se abrió en su contra fue por un presunto cohecho.
En ese caso, la Fiscalía reveló que Pareja se habría beneficiado junto a otras 11 personas de sobornos que ascenderían a 44,7 millones de dólares. En febrero de 2017, un juez condenó a Pareja a cinco años de prisión. En las investigaciones también se detectó que Pareja habría tenido una empresa “offshore” en Panamá cuya denominación era Capaya. A través de una asistencia penal internacional de Panamá, la Fiscalía descubrió que el exfuncionario habría desviado fondos al extranjero.
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