Siete hospitales y seis Distritos de Salud allanados en Los Ríos en menos de una semana; otros en Ambato, Machala, Guaranda y Guayaquil, donde además hay otras investigaciones, dan cuenta del grado de corrupción y presuntos negociados existentes en entidades estatales, sobre todo de salud. Asimismo, un Municipio fue intervenido por la Fiscalía en Imbabura, ayer.
“Vemos que ya no son temas aislados, sino que van más allá. Estamos detrás de una estructura que, a mi forma de ver, ha permanecido durante varios años y que por eso ha incrementado esta forma de aprovechamiento de los recursos públicos”. Así se refirió ayer la fiscal general, Diana Salazar, al analizar que Ecuador está enfrentando no solo una pandemia en el tema de salud, sino que también se enfrenta a la pandemia de la corrupción.
Según Salazar, la Fiscalía ha realizado hasta el momento 14 operativos en 10 ciudades de todo el país, los cuales estarían relacionados con delitos como peculado, asociación ilícita, tráfico de influencias y concusión. Básicamente los casos tendrían que ver con varios hospitales que han realizado compras con precios que van más allá de los que se ofertan en el mercado.
La fiscal general calificó de “lamentable” lo que están encontrando y cree que más que el cambio en el modelo de adquisición, lo que necesita el país es un cambio en la forma de pensar de las personas.
“No es posible que se aprovechen de la emergencia para beneficio particular o de grupos. (…) Entonces lo que nosotros debemos es repensar la forma de cómo se está administrando la salud, la educación, cómo se están administrando los recursos del Estado”, dijo Salazar.
Entre miércoles y jueves, cuatro hospitales estatales de Los Ríos fueron allanados. Con ellos suman cinco solo en esa provincia. Según el fiscal provincial, Luis Pesantes, el fin es recabar información sobre presuntas irregularidades y sobreprecios en las compras que han realizado durante la emergencia sanitaria casas de salud del Ministerio de Salud Pública (MSP) y del IESS de Quevedo.
No hubo detenidos hasta ayer, pero se requisaron más de 15 CPU y documentos de los departamentos administrativos, compras públicas y financieros de las casas de salud.
“Hasta el momento hemos descubierto que existen oficinas paralelas que servían como nexo para las compras, el proceso está en indagación previa”, refirió Pesantes.
El funcionario destacó que a pesar de que no existe una denuncia física o expresa sobre las presuntas irregularidades, la acción fue de oficio una vez que el gobernador de Los Ríos, Camilo Salinas, solicitara a la Fiscalía Provincial y Contraloría General las investigaciones en la adquisición de insumos y equipos médicos a los hospitales públicos.
Este tipo de acciones han creado sospechas y reacciones de la ciudadanía, así como de funcionarios públicos. Es el caso puntual del director del hospital IESS Quevedo, Paúl Proaño, quien la tarde del miércoles presentó su renuncia irrevocable sin dar detalles del porqué de su decisión.
Otro tema que ha generado reacciones en Quevedo fue el allanamiento de las oficinas administrativas del hospital IESS de este cantón, que funcionaban en la planta alta del edificio Municipal de Quevedo.
Joffre Lescano, quien integra la Comisión Nacional Anticorrupción en la provincia de Los Ríos, dijo que le cayó de “sorpresa” conocer sobre el funcionamiento de esas oficinas en las instalaciones del Municipio de Quevedo.
“Algo no cuadra, no entiendo por qué se hizo primero el allanamiento en el hospital del IESS y no en las oficinas administrativas que funcionaba en el Municipio. Al parecer, algo se alertó. Aquí en la provincia conocemos quiénes administran los hospitales públicos, donde están involucrados asambleístas riosenses”, refirió Lescano, abogado de profesión.
En este cantón también fue intervenida la vivienda de un funcionario del IESS en la parroquia urbana San Camilo, supuestamente por tener relación con la investigación, dijo la fiscal Karina Guanopatín, quien actuó en el allanamiento.
La tarde de este jueves 14, las operaciones se desplegaron en distritos de Salud ubicados en Quevedo, Babahoyo, Vinces, Urdaneta, Buena Fe-Valencia y Catarama. Las autoridades informaron que los hospitales públicos de Vinces y Urdaneta también entraron en las indagaciones.
Por pantalones de $16 se habrían pagado $59
El pasado sábado comenzaron los allanamientos. Empezó por el hospital general IESS Babahoyo, luego de que se hiciera pública una nota en un medio de comunicación de la provincia sobre presuntos sobreprecios en la compra de prendas de vestir para el personal de esa casa de salud, así como la adquisición de equipos en un proceso ejecutado en 2019.
Por ejemplo el contrato IESS- HBABAHOYO- IE-102-2019 detalla la adquisición de 55 pantalones de trabajo, por un valor de 94 dólares cada unidad, cuando esa misma prenda en el mercado nacional, con similares características, se oferta en 16 dólares cada uno.
En el mismo contrato se refleja la compra de 50 pares de botas de seguridad con punta en fibra de vidrio, por $238 cada par y el valor referencial en el mercado nacional es de $59,99, y así otras compras más.
Entre la madrugada y tarde del miércoles, los hospitales IESS Quevedo, Jaime Roldós de Ventanas, Martín Icaza de Babahoyo y el hospital Básico del MSP del cantón Quinsaloma también fueron allanados por fiscales y peritos de criminalística acompañados de personal de la Policía. Allí se incautaron documentos y CPU de las oficinas administrativas.
El fiscal Julio Basantes, encargado del operativo en los hospitales Martín Icaza de Babahoyo y Jaime Roldós de Ventanas, indicó que la jueza de turno, Gabriela Sornoza, dio la orden del allanamiento a las casas de salud y que por el momento no hay detenidos.
“El fin es transparentar las compras realizadas en los hospitales intervenidos”, explicó Sornoza. (I)
Fuente: www.eluniverso.com
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