El que se considera uno de los referentes más importantes en la lucha contra la corrupción y violencia en América Latina tiene los días contados.
Se trata de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un organismo auspiciado por Naciones Unidas que en sus 11 años de ejercicio cooperó con el Ministerio Público para desactivar algunas de las mayores redes corruptas del país.
El gobierno de Guatemala ordena la expulsión de la Cicig
Gracias a su actividad más de 300 personas fueron sentenciadas, incluido el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti, quienes permanecen encarcelados.
Pero su mandato, que el presidente saliente Jimmy Morales se negó a renovar, termina el 3 de septiembre.
Y con Alejandro Giammattei recién electo, muchos se preguntan cuál será el futuro de la lucha contra la corrupción y la impunidad en el país.
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Durante la campaña, Giammattei no se mostró interesado en firmar un nuevo un acuerdo con Naciones Unidas para darle continuidad al trabajo de la Cicig.
«No necesitamos ayuda de los organismos internacionales para que nos vengan a decir qué hacer. Mejor que no haya gobierno de Guatemala y que sea uno internacional», le dijo la pasada semana a BBC Mundo el ahora presidente electo.
«Trabajo de todos»
A pesar de eso, Giammattei ha prometido mantener la lucha contra la corrupción y la impunidad.
Pero, para él, el primer paso debe ser cambiar al sistema político.
Y «eso sólo lo puede hacer la gente y el propio Estado», aseguró.
Giammattei cree que Guatemala no necesita ayuda de organismos internacionales para lidiar con la corrupción.
«Los guatemaltecos ya vimos que hay que atacar fuertemente a la corrupción pero no sólo como lo hizo la Cicig, metiendo a la cárcel al corrupto», le insistió el ahora presidente electo a BBC Mundo.
«Al final, la corrupción es producto de un sistema que la fomenta. Perseguir al corrupto por perseguirlo es correcto, pero si el sistema lo promueve, no se resuelve nada», aseguró.
«Posición ambigua»
Para muchos, sin embargo, la visión de Giammattei sobre el tema está marcada por sus propias experiencias con la Cicig.
Al igual que Sandra Torres, quien fue su contendiente en la segunda vuelta electoral, el futuro presidente estuvo en su momento en el punto de mira del organismo.
Los dos candidatos que llegaron a la segunda ronda de las elecciones guatemaltecas fueron investigados por la Cicig.
En 2010 el ahora presidente electo pasó varios meses en la cárcel acusado de asociación ilícita y de ejecución extrajudicial por causa de un operativo ejecutado en 2006 que luego fue investigado por el organismo.
Alejandro Giammattei, el exdirector de presidios que pasó por la cárcel y que logró la presidencia de Guatemala al cuarto intento
En ese entonces era director del sistema penitenciario y la llamada «Operación Pavo Real», con la que se buscaba retomar el control de la cárcel de Pavón, se saldó con sietereos muertos.
Y aunque Giammattei fue posteriormente exonerado por falta de pruebas, muchos ven su llegada al poder como un triunfo del sistema de corrupción e impunidad que maniobró para acabar con la Cicig.
Giammattei se ha comprometido a mantener la lucha contra la corrupción.
En ese contexto, varios expertos y representantes de la sociedad civil también dudan de que la lucha contra la impunidad y la corrupción vaya a mantener la intensidad de los últimos años.
«Es ambigua su posición» sobre el tema, le dijo a BBC Mundo Edie Cux García, de la organización Acción Ciudadana, respecto al próximo presidente del Ejecutivo.
¿Razones para el optimismo?
No todos, sin embargo, tienen una visión tan negativa.
«Se ha producido una gran transferencia de capacidades al Ministerio Público con el objeto de que la lucha contra la corrupción pueda seguir, más allá de la Cicig», le dice a BBC Mundo Matías Ponce, vocero del organismo internacional.
Además, «hay un fuerte respaldo popular:entre 75 y 80% de la población manifiestan su apoyo a la lucha contra la corrupción y la impunidad, y a la continuidad de la tarea de la Cicig», subraya.
Más de 300 personas fueron sentenciadas gracias a las investigaciones de la Cicig.
Parte de este apoyo empezó a gestarse en 2015, cuando por varias semanas miles de personas protestaron en las calles de la capital.
Las movilizaciones, que tomaron el nombre de «primavera chapina» provocaron la renuncia de Pérez Molina y Baldetti, involucrados en una red de corrupción en el sistema de aduanas.
El caso se conoció como «La Línea»y en la investigación participó la Cicig.
De ese período nació un proceso de organización ciudadana que impidió, por ejemplo, que se modificaran las leyes para amnistiar a los acusados de corrupción y delitos de guerra.
También evitaron que el presidente saliente expulsara a la Comisión Internacional en septiembre pasado.
La mayoría de los guatemaltecos apoya la lucha contra la corrupción.
«Estoy convencido de que Guatemala es distinta desde 2015», le dice a BBC Mundo Jordán Rodas, procurador de Derechos Humanos.
«El país salió de la anomia. Nos volcamos a las plazas contra la corrupción y la impunidad».
Matías Ponce, el vocero de la Cicig, también confía en que la tarea a la que la Cicig dio acompañamiento seguirá.
«Será la independencia del Ministerio Público y del sistema judicial el garante de que se continúe el combate a la corrupción en Guatemala, más allá del presidente de la república», le asegura a BBC Mundo.
12 años de trabajo
La Comisión se creó a finales de 2006 por un acuerdo entre la ONU y el gobierno del entonces presidente Óscar Berger.
El objetivo fue colaborar en la investigación de grupos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, así como redes de corrupción político-empresariales.
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Una de sus funciones es fortalecer a las instituciones locales de justicia, como el Ministerio Público y la Fiscalía contra la impunidad, así como brindar capacitación y tecnología para facilitar las investigaciones.
El presidente Jimmy Morales canceló la estancia de la Cicig en su país.
Desde 2007, cuando empezó a operar formalmente, la Cicig colaboró en más de 120 investigaciones de alto impacto que desarticularon al menos 60 estructuras criminales.
Aunque los casos en que participó incomodaron a políticos y empresarios, la etapa más complicada para la Cicig empezó en 2017.
Ese año colaboró en una investigación sobre presunto financiamiento electoral ilegal que involucró a familiares del presidente Jimmy Morales.
El mandatario acusó al comisionado Iván Velásquez de extralimitarse en sus funciones, y desde ese momento criticó constantemente a la Comisión.
En enero, Morales anunció que se cancelaba definitivamente el convenio con la ONU que permitía la existencia de la Cicig.
Fuente: www.bbc.com
