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John Machado

Un total de 36 comercios abrieron ayer sus puertas en Cuenca a través del protocolo gestionado por la Cámara de Comercio, 50 más han presentado su protocolo y unos 1.800 pueden acogerse a esta herramienta para reabrir las puertas.

Así lo confirmó el presidente ejecutivo de la Cámara, Jaime Moreno, quien detalló que de momento solo los socios de este gremio que hayan presentado su protocolo pueden abrir, ya que la institución sirve como garante de cumplimiento de las medidas biosanitarias.

El protocolo de los socios podrá ser empleado por otros negocios cuando el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) cantonal apruebe el paso de rojo a amarillo en el semáforo de restricciones.

El protocolo incluye, entre otras cosas, la toma de temperatura de clientes y empleados, el distanciamiento social, ventilación de espacios, prohibición de compartir materiales de trabajo, la desinfección permanente de calzado y ropa, así como el uso de equipos de protección.

El Municipio de Cuenca será el encargado de hacer inspecciones para verificar el cumplimiento de los protocolos, una acción que se hará en conjunto con la Cámara de Comercio, indicó Moreno.

Otro de los sectores que se suma a la redacción de protocolos para reactivarse en es el turístico, que la mañana de ayer firmó un convenio con el Municipio de Cuenca para un retorno ordenado.

Representantes de la Asociación de Bares y Discotecas, Asociación Hotelera y la Cámara de Turismo del Azuay, firmaron el acuerdo que será enviado al COE nacional para que valide su aplicación.

Mientras el visto bueno llegue, las actividades turísticas siguen suspendidas y pueden ser clausuradas por el Ministerio de Turismo, Agencia de Regulación y Control Sanitario (ARCSA) y el Ministerio de Trabajo si abren sus puertas anticipadamente.

De acuerdo con el representante hotelero, Juan Pablo Vanegas, el sector está funcionando al 5 % de su capacidad, lo que no le permite mantener su economía a flote.

A estos sectores se suman la construcción, las mecánicas, el parque industrial y los talleres artesanales que reiniciaron actividades en las dos últimas semanas, sin que esto haya significado, de momento, brotes del virus en alguno de los sectores.

Empleo

No solo los sectores productivos autorizados por el COE Cantonal han vuelto a abrir sus puertas. La mañana de ayer en zonas como el Centro Histórico y la Avenida de las Américas negocios de todo tipo abrieron sus puertas por la necesidad de generar recursos.

“La desesperación del sector productivo no es infundada ya que, según la propia Cámara de Comercio, en la ciudad se ha perdido unos 6.000 empleos en lo que va de la cuarentena, esto ante la falta de fuentes de ingresos”.

Solo ayer unos 730 empleados fueron desvinculados de 2 empresas de la ciudad que han visto una caída en la venta de sus productos por el encierro obligatorio y la imposibilidad de abrir almacenes propios o cadenas de distribución.

Manuel Grijalva es uno de los que engrosa la lista de despidos. Él comenta que la crisis económica que conlleva el encierro ha afectado también un negocio de venta de ropa que administraba su esposa y que está a punto de la quiebra.

“Estoy acumulando deudas, ahora me quedo sin trabajo y con el negocio al borde de la quiebra. No sabemos que vamos a a hacer, no queremos ayuda, solo queremos que nos dejen trabajar” afirma.

El viernes de esta semana el COE Cantonal se volverá a reunir para debatir si la ciudad pasa al semáforo amarillo o se queda en rojo, esto con base en un informe en el que se analizan temas de salud y el comportamiento de la ciudadanía.

En este último punto, ayer en la ciudad se registró un alto número de vehículos, gran flujo de personas en la calle y la apertura de negocios cuyos dueños se arriesgan a una sanción en el afán de llevar el pan a la mesa de sus casas. (JMM) (I)

Fuente: ww2.elmercurio.com

Link: https://ww2.elmercurio.com.ec/2020/05/19/36-comercios-abrieron-sus-puertas-en-cuenca/

Una instrucción fiscal por el delito de tráfico de influencias, que incluye una orden de presentación periódica y la prohibición de salida del país para la exdirectora del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), María Alexandra Ocles, es lo que ordenó la mañana de este lunes la jueza de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Daniella Camacho.

La instrucción fiscal también alcanza a los funcionarios del SNGR César E., subsecretario de Preparación de Respuestas; Jorge O., analista de Atención Humanitaria; Mauricio C., director de Atención Humanitaria; y Ramón R., coordinador General Administrativo Financiero. A todos se les ordenó la medida cautelar de presentación periódica y prohibición de salida del país.

Pese a que el pedido de formulación de cargos fue hecho por la fiscal general Diana Salazar, fue el fiscal subrogante Wilson Toainga quien acusó a los cinco procesados de tener participación en las inobservancias legales en el proceso de adquisición de kits de alimentos para ser entregados a población afectada por la emergencia generada por el COVID-19.

Luego de más de dos horas de audiencia de formulación de cargos la jueza de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Daniella Camacho, suspendió la diligencia para analizar los argumentos entregados por las partes.

El fiscal general subrogante Wilson Toainga, quien reemplazó en la audiencia a la fiscal general Diana Salazar, solicitó para Ocles, Jorge O., Mauricio C., y César E. prisión preventiva; mientras que para Ramiro R. pidió prohibición de salida del país y presentación periódica ante la autoridad competente.

Aparentemente este último mantenía un diagnóstico de positivo para COVID-19.

Los abogados de los procesados rechazaron el pedido de Toainga, respecto a la medida cautelar, señalando que violentaba el principio de igualdad, pues si se pedía para uno la presentación periódica debía hacerse extensiva la medida para todos.

Además, aseguraron que pedir prisión preventiva en este momento de emergencia sanitaria no solo genera riesgos para los procesados, sino que va en contra de lo que la misma CNJ señaló a los jueces del país que para estos momentos era mejor disponer medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva.

La Fiscalía presentó documentos que relacionarían a los procesados con la contratación pública para la adquisición de kits de alimentos para ser entregados a población afectada por la emergencia generada por el COVID-19, en la que existirían presuntas inobservancias legales.

El proceso por el delito de tráfico de influencias podría terminar con una pena de tres a cinco años, según lo refiere el artículo 285 del Código Orgánico Integral Penal vigente.

«Los servidores públicos, y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado, enumeradas en la Constitución de la República, prevaliéndose de las facultades de su cargo o de cualquier otra situación derivada de su relación personal o jerárquica, ejerza influencia en otra u otro servidor para obtener un acto o resolución favorable a sus intereses o de terceros». (I)

Fuente: www.eluniverso.com

Link: https://www.eluniverso.com/noticias/2020/05/18/nota/7844649/jueza-daniella-camacho-inicia-instruccion-fiscal-delito-trafico

Un deslave en una de las laderas ,ubicadas en la zona de las estaciones de bombeo El Carrizal y Regional Sur, afectó el servicio de agua potable de gran parte del cantón Salcedo, provincia de Cotopaxi.

Patricio Avilés, director de Agua Potable del municipio de Salcedo, informó que de recibir la información del percance junto a personal del departamento realizó una evaluación de los daños, evidenciando que es un problema de consideración porque se había afectado la tubería que transporta el líquido desde las vertientes hasta el tanque de carga de la estación de bombeo.

Dijo que los daños no solo contemplan al sistema de bombeo El Carrizal sino también a la red del sistema Regional Sur, que abastece de agua potable a Mulliquindil y Yanayacu. Se advierte que por lo menos diez barrios están afectados por este incidente.

Manifestó que luego de hacer una valoración con el presidente de la Regional Sur, se determinó que no se pudo siquiera ingresar a trabajar ayer jueves porque la ladera se encuentra fracturada, para lo cual será necesario abrir una trocha por la parte alta con el fin de hacer la limpieza hacia el río, luego de lo cual se comenzarán a ejecutar los trabajos con las debidas seguridades.

Comentó que si el tiempo es favorable se aspira que en la tarde de este viernes se pueda abastecer del servicio de agua potable a la población, sin embago aún se tendrá que ejecutar un muro de soporte en el río.

Avilés informó que mientras tanto el líquido vital se hace la entrega con tanqueros del cuerpo de Bomberos de Salcedo, además de programar el racionamiento de agua potable en la parte alta con el fin de abastecer a los barrios del centro de la ciudad. (I)

Fuente: www.eluniverso.com

Link: https://www.eluniverso.com/noticias/2020/05/15/nota/7841958/salcedo-deslizamiento-ladera-afecta-sistema-distribucion-agua

La Asamblea Nacional eliminará del proyecto de Ley Humanitaria el capítulo de las contribuciones de las personas naturales y de las empresas, tras el pedido formulado por el presidente de la República, Lenin Moreno, de suprimir ese capítulo para alcanzar acuerdos y aprobar el proyecto antes del sábado.

El primer día de debate de este proyecto urgente inició a las 10:04, en medio de críticas de parte del PSC, CREO, BADI, BIN y SUMA, respecto a las contribuciones.

Estos sectores políticos coincidieron que no se puede exigir aportes a los trabajadores y empresas cuando todos los días aparecen denuncias de corrupción y sobreprecios en la compra de insumos médicos, mascarillas, kits alimenticios y fundas para los cadáveres.

Cuando habían superado las 30 intervenciones de los asambleístas y luego de que el legislador del bloque Alianza PAIS, José Serrano, propuso al pleno eliminar de la Ley en debate el capítulo de las contribuciones de personas y empresas para despejar las dudas por mal uso de esos fondos; se publicó en la cuenta personal del Primer Mandatario un twit, pidiendo a los legisladores suprimir el capítulo que no permite acuerdos. Tras ese planteamiento el debate tomó otro giro y se abrieron las posibilidades de rearmar los textos del proyecto respecto a las medidas solidarias.

El proyecto urgente del Ejecutivo planteado para enfrentar la emergencia sanitaria por el COVID-19, inicialmente proponía que los trabajadores públicos y privados que ganen por encima de los $500 mensuales realicen un aporte por nueve meses, pero el texto no recibió el apoyo político ni en el primer debate, pues la comisión planteó que la contribución inicie desde $720, pero esa cifra tuvo que subir a los $2500 para que el informe para segundo debate sea aprobado con ocho votos.

Fue el legislador, Fabricio Villamar (ex CREO), quien planteó la moción para que se retire del proyecto de Ley Orgánica de Apoyo Humanitario el capítulo referente a las contribuciones; y, se incluya como un capítulo el proyecto de Ley de Extinción de Dominio y una disposición transitoria por medio de la cual, se elimínela cuota política del servicio exterior que se encuentra establecida en la Ley Orgánica de Servicio Exterior.

Comentó que “no es posible pedirle plata a los ecuatorianos si se la van a robar en el hospital del IESS de Ibarra, de Ambato, del Guasmo, de los Sauces o en Quito; no hay cara ni tiene sentido pedir plata a los ecuatorianos si se van a robar en los kits alimenticios”, replicó.

En la mañana, la legisladora Doris Soliz (RC), anunció que no votaran por el proyecto de Ley, por las contribuciones y además porque tras un análisis global del informe no plantea una real protección social.

En la tarde, su coidearia luego de resaltar el anuncio del Primer Mandatario, planteó que también se elimine del proyecto urgente todo el capítulo laboral, solo así darán su voto a favor de la Ley Humanitaria, dijo.

Homero Castanier de CREO, se desmarcó de su informe de minoría que proponía una contribución para los trabajadores que ganen a partir de $4500; pues dijo que apoyarán nada que implique impuestos y que se debe eliminar lo relacionado a las contribuciones; solo ahí “podemos estar hablando para mejorar las medidas solidarias y de impulso de la economía”.

El coordinador del PSC, Vicente Taiano, anticipó que no apoyaran un informe de mayoría porque se encuentra “plagado de una serie de vicios de fondo y de fondo e irregularidades durante el trámite del mismo”. También se pronunció por el retiro del proyecto urgente todo el capítulo relacionado a lo laboral.

Dijo que la tesis de su bancada de no a más impuestos al salario de los trabajadores públicos y privados, se mantiene; y advirtió a la sala que aprobar tan solo un impuesto, es dejar la puerta abierta para que el Ejecutivo a través del veto regrese un texto a la Asamblea como una especie de Caballo de Troya del siglo 21, y ahí a través de un veto se incluya todos los impuestos que durante el debate no se aprobaron.

Desde el lado del oficialismo, Esteban Albornoz, señaló que ir por el archivo del proyecto de Ley Humanitaria es el camino más fácil, pero no el correcto, por lo que invitó a los asambleístas a ejercer su rol de legisladores para realizar los cambios, buscar coincidencias y entregar al país una Ley que irá a beneficiar a los ciudadanos que necesita de asistencia social por la emergencia sanitaria.

Su coidearia, Ximena Peña, planteó que se identifique a aquellos legisladores que voten no o por el archivo del proyecto de Ley, y de aquellos que “defendieron el bolsillo de las empresas con $2.5 millones de utilidades y que se fueron en contra de sus aportes”. Además, que se identifique a aquellos asambleístas que se preocuparon por la constitucionalidad, porque había un tributo que quería cobrarse por una sola vez el 2% a los bienes de sociedades y personas registrados en paraísos fiscales.

En medio del debate, la legisladora Mae Montaño (ex CREO), planteó que se pida a la Fiscalía General del Estado que se investigue si hay asambleístas que están ligados a actos de corrupción en los hospitales del país, y se determine quién fue la autoridad que repartió hospitales como cuota.

La sesión sobre este segundo debate se suspendió a las 21:00, luego de 55 intervenciones de asambleístas de varias bancadas, y se convocó para el viernes 15 de mayo a partir de las 11:00. (I)

Fuente:www.eluniverso.com

Link: https://www.eluniverso.com/noticias/2020/05/14/nota/7841685/eliminacion-contribuciones-abriga-posibilidad-aprobar-proyecto-ley#cxrecs_s

Siete hospitales y seis Distritos de Salud allanados en Los Ríos en menos de una semana; otros en Ambato, Machala, Guaranda y Guayaquil, donde además hay otras investigaciones, dan cuenta del grado de corrupción y presuntos negociados existentes en entidades estatales, sobre todo de salud. Asimismo, un Municipio fue intervenido por la Fiscalía en Imbabura, ayer.

“Vemos que ya no son temas aislados, sino que van más allá. Estamos detrás de una estructura que, a mi forma de ver, ha permanecido durante varios años y que por eso ha incrementado esta forma de aprovechamiento de los recursos públicos”. Así se refirió ayer la fiscal general, Diana Salazar, al analizar que Ecuador está enfrentando no solo una pandemia en el tema de salud, sino que también se enfrenta a la pandemia de la corrupción.

Según Salazar, la Fiscalía ha realizado hasta el momento 14 operativos en 10 ciudades de todo el país, los cuales estarían relacionados con delitos como peculado, asociación ilícita, tráfico de influencias y concusión. Básicamente los casos tendrían que ver con varios hospitales que han realizado compras con precios que van más allá de los que se ofertan en el mercado.

La fiscal general calificó de “lamentable” lo que están encontrando y cree que más que el cambio en el modelo de adquisición, lo que necesita el país es un cambio en la forma de pensar de las personas.

“No es posible que se aprovechen de la emergencia para beneficio particular o de grupos. (…) Entonces lo que nosotros debemos es repensar la forma de cómo se está administrando la salud, la educación, cómo se están administrando los recursos del Estado”, dijo Salazar.

Entre miércoles y jueves, cuatro hospitales estatales de Los Ríos fueron allanados. Con ellos suman cinco solo en esa provincia. Según el fiscal provincial, Luis Pesantes, el fin es recabar información sobre presuntas irregularidades y sobreprecios en las compras que han realizado durante la emergencia sanitaria casas de salud del Ministerio de Salud Pública (MSP) y del IESS de Quevedo.

No hubo detenidos hasta ayer, pero se requisaron más de 15 CPU y documentos de los departamentos administrativos, compras públicas y financieros de las casas de salud.

“Hasta el momento hemos descubierto que existen oficinas paralelas que servían como nexo para las compras, el proceso está en indagación previa”, refirió Pesantes.

El funcionario destacó que a pesar de que no existe una denuncia física o expresa sobre las presuntas irregularidades, la acción fue de oficio una vez que el gobernador de Los Ríos, Camilo Salinas, solicitara a la Fiscalía Provincial y Contraloría General las investigaciones en la adquisición de insumos y equipos médicos a los hospitales públicos.

Este tipo de acciones han creado sospechas y reacciones de la ciudadanía, así como de funcionarios públicos. Es el caso puntual del director del hospital IESS Quevedo, Paúl Proaño, quien la tarde del miércoles presentó su renuncia irrevocable sin dar detalles del porqué de su decisión.

Otro tema que ha generado reacciones en Quevedo fue el allanamiento de las oficinas administrativas del hospital IESS de este cantón, que funcionaban en la planta alta del edificio Municipal de Quevedo.

Joffre Lescano, quien integra la Comisión Nacional Anticorrupción en la provincia de Los Ríos, dijo que le cayó de “sorpresa” conocer sobre el funcionamiento de esas oficinas en las instalaciones del Municipio de Quevedo.

“Algo no cuadra, no entiendo por qué se hizo primero el allanamiento en el hospital del IESS y no en las oficinas administrativas que funcionaba en el Municipio. Al parecer, algo se alertó. Aquí en la provincia conocemos quiénes administran los hospitales públicos, donde están involucrados asambleístas riosenses”, refirió Lescano, abogado de profesión.

En este cantón también fue intervenida la vivienda de un funcionario del IESS en la parroquia urbana San Camilo, supuestamente por tener relación con la investigación, dijo la fiscal Karina Guanopatín, quien actuó en el allanamiento.

La tarde de este jueves 14, las operaciones se desplegaron en distritos de Salud ubicados en Quevedo, Babahoyo, Vinces, Urdaneta, Buena Fe-Valencia y Catarama. Las autoridades informaron que los hospitales públicos de Vinces y Urdaneta también entraron en las indagaciones.

Por pantalones de $16 se habrían pagado $59

El pasado sábado comenzaron los allanamientos. Empezó por el hospital general IESS Babahoyo, luego de que se hiciera pública una nota en un medio de comunicación de la provincia sobre presuntos sobreprecios en la compra de prendas de vestir para el personal de esa casa de salud, así como la adquisición de equipos en un proceso ejecutado en 2019.

Por ejemplo el contrato IESS- HBABAHOYO- IE-102-2019 detalla la adquisición de 55 pantalones de trabajo, por un valor de 94 dólares cada unidad, cuando esa misma prenda en el mercado nacional, con similares características, se oferta en 16 dólares cada uno.

En el mismo contrato se refleja la compra de 50 pares de botas de seguridad con punta en fibra de vidrio, por $238 cada par y el valor referencial en el mercado nacional es de $59,99, y así otras compras más.

Entre la madrugada y tarde del miércoles, los hospitales IESS Quevedo, Jaime Roldós de Ventanas, Martín Icaza de Babahoyo y el hospital Básico del MSP del cantón Quinsaloma también fueron allanados por fiscales y peritos de criminalística acompañados de personal de la Policía. Allí se incautaron documentos y CPU de las oficinas administrativas.

El fiscal Julio Basantes, encargado del operativo en los hospitales Martín Icaza de Babahoyo y Jaime Roldós de Ventanas, indicó que la jueza de turno, Gabriela Sornoza, dio la orden del allanamiento a las casas de salud y que por el momento no hay detenidos.

“El fin es transparentar las compras realizadas en los hospitales intervenidos”, explicó Sornoza. (I)

Fuente: www.eluniverso.com

Link: https://www.eluniverso.com/noticias/2020/05/15/nota/7841823/estructura-hace-anos-hospitales#cxrecs_s