Esta mañana, el Gobierno anunció un Plan Nacional de Alimentación para los sectores más vulnerables de la población que se distribuirá a través de escuelas fiscales, tiendas de barrio y en domicilios, en medio de la emergencia sanitaria que a traviesa el país por la expansión de la pandemia de COVID-19.
Más de 4 millones de raciones alimenticias, con un alcance para 8 a 10 millones de ecuatorianos, durante dos meses son las cifras que proyecta entregar el Gobierno, según anunciaron el presidente Lenín Moreno y el secretario general de Gabinete, Juan Sebastián Roldán, en cadena conjunta.
El piloto, con víveres perecibles y no perecibles, arranca en Quito con la entrega de 80 mil raciones durante cinco días.
Más de ochenta mil tiendas de barrio participarán en el programa con el aporte de Cervecería Nacional, para retirar la canasta, las personas deberán ingresar en www.tiendacerca.ec y revisar si han sido beneficiadas y acudir con su documento e identidad. Con este mecanismo está prevista la entrega de 2 millones de canastas.
En las escuelas fiscales se entregará 1300000 kits de alimentación con leche, jugo, cereales, bocaditos y granola. El kit comprende 18 leches y 14 sólidos.
En domicilios, se buscará a 140 personas de la tercera edad y con discapacidad. Los recorridos los seguirá haciendo Roldán, el vicepresidente Otto Sonnenholzner y el ministro de Inclusión Económica y Social, Iván Granda. Hasta el momento, 750 mil canastas ha entregados por el MIES.
Además, 550 mil familias más tendrán bono de contingencia en mayo.
Organizaciones de mujeres pidieron este martes al Gobierno ecuatoriano más atención a sus derechos y que se ejecuten políticas diferenciadas de acuerdo a las vulnerabilidades y condición socioeconómica de la gente en el marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus.
En una rueda de prensa virtual, dirigida por la Fundación Desafío, las mujeres reclamaron mayor protección social de mujeres y menores que están en constante vulnerabilidad por temas de violencia, “más aún en este tiempo donde no pueden escapar de sus opresores”.
En Ecuador rige desde marzo pasado el estado de excepción que incluye restricciones de movilidad, del uso de espacio público, así como un toque de queda de 15 horas diarias.
“El régimen teme a las consecuencias económicas, pero no sucede lo mismo con la violencia de género, pese a que también causa impactos económicos, sociales y culturales que lesionan a la comunidad en su conjunto”, dijo Roció Rosero, representante de Coalición de Mujeres Ecuador.
Agregó que “no se puede anteponer intereses políticos ante la vida de las personas” y que se requieren políticas de protección para las trabajadoras de la salud que están en primera línea de riesgo.
Asimismo, para mujeres comerciantes, otras en funciones de servicios alimenticios y aquellas con un trabajo formal, pero que están sobrecargadas de funciones en el hogar.
Las féminas consideran que el proyecto de ley que envió el Ejecutivo a estudio de la Asamblea Nacional (Parlamento) debía realizarse con perspectiva de género, para resguardar sus derechos y el de grupos vulnerables.
“En las propuestas no se evalúa el impacto que tendrán las nuevas reformas en los niños y mujeres, no se han puesto a pensar en quién cuidará a los menores, adultos mayores, personas con discapacidad, cuando pasemos al distanciamiento”, puntualizó Sybel Martínez, vicepresidenta del Consejo de Protección de Derechos de Quito.
Y expresó su preocupación pues considera que faltan protocolos de seguridad para los menores que, en su opinión, han quedado como “la última rueda del coche en esta pandemia”.
“Los docentes deberían obligarles a los niños a prender la cámara para preguntarles como están y (que) den la primera voz de alarma si ven que algo anda mal”, añadió.
Para Catalina Martínez, Directora regional del Centro de Derechos Reproductivos (LAC), “la casa no es un lugar seguro para mujeres y niños, quienes se han visto obligados a dormir bajo el mismo techo de un agresor”, por lo que enfatizó en algunas recomendaciones.
Entre ellas, “habilitar canales de denuncias para mujeres a través de líneas telefónicas, mensajes de texto y otras formas que no requieran internet como en farmacias y supermercados; refugios para mujeres y niños y servicios de salud”.
Tras el pedido de la ONU de reducir el número de presidiarios alrededor del mundo para evitar mayores estragos del COVID-19 en cárcel, Virginia Gómez de la Torre, Directora Fundación Desafío, pidió al Estado “liberar a las mujeres encarceladas por aborto” pues “no son delincuentes”.
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), una de cada tres mujeres ha sufrido en algún momento violencia física o sexual por parte de las personas cercanas. EFE
El tribunal que emitió la sentencia del caso Sobornos 2012-2016 notificó que la indemnización a pagar por los condenados, entre ellos el expresidente Rafael Correa, de $ 14 745 297, algo menos del doble de los sobornos ($ 7 797 588).
Además se notificó de manera escrita la pena de prisión de 8 años para Correa y para los demás condenados, entre ellos el ya encarcelado por el caso Odebrecht exvicepresidente Jorge Glas, ocho exfuncionarios como Alexis Mera y 10 empresarios.
Además de Mera, en la lista de sentenciados están varios exministros y asambleístas como María de los Ángeles Duarte, Walter Solís, Vinicio Alvarado, Viviana Bonilla y Christian Viteri.
La sentencia fue leída por el Tribunal el pasado martes 7 de abril. En ella también se indicaba que las exasesoras de presidencia Pamela Martínez y Laura Terán recibieron, por ser cooperadoras eficaces, una sentencia con una reducción del 40%, es decir, la primera recibió una pena de 38 meses y doce días de cárcel, mientras que Terán recibió 19 meses y seis días más de sanción.
La notificación, según el documento oficial de más de 400 páginas, se dio este domingo a las 22:38. Los abogados de los condenados han dicho que apelarán.
Con la sentencia, Correa y Glas pierden también sus derechos políticos por 25 años.
Desde el próximo lunes 4 de mayo el país iniciará una transición del aislamiento al distanciamiento social. Los detalles de cómo será el proceso de esta próxima etapa lo anunciará el primer mandatario Lenín Moreno la tarde de este viernes, así lo informó la ministra de Gobierno María Paula Romo.
El proceso de aislamiento al distanciamientosocial empezará luego de que culmine la cuarentena, según explicó Romo.
Así mismo se insistió en que el proceso de distanciamiento no significaría regresar a la normalidad de los meses anteriores al aislamiento. Más bien estas fechas están previstas para prepararse para una “nueva normalidad” en el que paulatinamente las cosas vuelvan a retomarse, y esto implicará la aplicación de nuevas normas y protocolos en las actividades tanto laborales como cotidianas.
Se enfatizó además que en estas próximas fechas convendrán la definición de detalles y normas para dentro de 10 días, en el que se irán señalando protocolos, horarios de transporte público, turnos, entre otros detalles.
Por lo pronto la ministra dio a conocer que en la nueva normalidad se deberá respetar el distanciamiento de al menos 1.5 metros entre ciudadanos y el uso cotidiano de la mascarilla.
La Ministra aseveró que en el transcurso de estos procesos se insistirá en trabajar con la ciudadanía y autoridades para prever una falsa seguridad que podría tener como efecto un rebrote del virus, por esa razón instó a la ciudadanía a mantenerse informada y atenta a las nuevas indicaciones que se irán dando en el proceso de transición.
El no acatamiento de las disposiciones oficiales durante la pandemia del coronavirus COVID-19 es un hecho recurrente en Ecuador y las quejas ciudadanas sobre este tema son cotidianas en las redes sociales y grupos de Whatsapp.
La ministra de Gobierno, María Paula Romo, hizo públicos este lunes, algunos incumplimientos ciudadanos que se dan en las diversas provincias de Ecuador. Hizo énfasis en que estamos entrando a una etapa en que más que nunca se requiere de la disciplina ciudadana.
Romo contó que han tenido casi un centenar de casos de ciudadanos de la provincia del Guayas que han infringido el toque de queda hasta por cinco ocasiones seguidas. Ello, pese a que el reglamento que hizo el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) estipuló las sanciones hasta una tercera infracción.
Otra denuncia fue que se han identificado a personas que ofertan vender salvoconductos «para andar en la calle todos los días de la semana», las 24 horas del día. «Hemos levantado un parte policial y una investigación penal contra quienes hicieron esta oferta a través de redes sociales», detalló Romo, quien precisó que se han emitido, en lo que va de la crisis, 2387754 salvoconductos, pero que dado su mal uso se suspenden y se tendrán que gestionar nuevos.
Entre otras infracciones que se han presentado, y que informó la Ministra de Gobierno, están:
Sanciones por toque de queda
Primera infracción: 16837 casos Segunda infracción: 748 Vehículos retenidos: 4554 Personas detenidas: 1028
Aglomeraciones o concentraciones de personas
– Se han recibido 21621 llamadas a nivel nacional en el sistema ECU911 en las que ciudadanos denuncian sobre aglomeraciones o concentraciones de personas. El promedio diario es de 583 llamadas.
Las provincias que más reportan este tipo de denuncias son: Pichincha, Guayas y Tungurahua.
Incumplimiento por toque de queda
– Se han recibido 42873 llamadas. Las provincias que más reportan este tipo de denuncias son: Manabí, Esmeraldas y Santo Domingo de los Tsáchilas.
Pacientes positivos que incumplen cuarentena
Luego que el presidente de la República, Lenín Moreno, informara de que hay una herramienta para geolocalizar a los pacientes contagiados con el virus, hay una disminución del 22% en el promedio de horas diarias que estos pacientes circulan fuera de su cuarentena. Es decir que hay menos incumplimiento que antes, pero que aún hay casos de personas diagnosticadas con el COVID-19 que deciden salir a las calles.
Esta diferencia sale del análisis de las cifras entre el 2 y 8 de abril versus las del 9 y 15 de abril.
«Todavía tenemos personas incumpliendo la cuarentena después de saber que son positivos. En todos estos casos se realizan partes policiales, van a ser procesados y sancionados después de la emergencia», anunció Romo, quien precisó que estos ciudadanos enfrentarán posibles penas de hasta 3 años de prisión.
«Este es un llamado a la conciencia colectiva, a la disciplina y al comportamiento de cada uno de nosotros para frenar esta curva», enfatizó Romo. (I)
