El terremoto en Chile de 2010 dejó al menos 500 personas muertas y unos 800.000 damnificados.
La Corte Suprema de Chile ordenó al gobierno el pago de una indemnización a los familiares de una de las víctimas del terremoto y posterior tsunami ocurrido el 27 de febrero de 2010.
Esta decisión se convierte en un precedente para el reclamo de las demás víctimas del hecho.
La corte ordenó pagar la suma de US$100.000 a los familiares de Mario Obando, quien murió arrastrado por una corriente de agua en su ciudad, Talcahuano, ubicada a 508 kilómetros de la capital Santiago.
Los familiares relataron durante el proceso que Obando escuchó en la radio el anuncio oficial del gobierno en el que decía que no existía peligro de tsunami, por lo que tomó la decisión de quedarse en su casa.
Aunque sus familiares lograron llevarlo con vida a un hospital después de ocurrir la catástrofe, él murió tres días más tarde.
La fuerza naval chilena -que maneja el servicio de hidrografía y oceanografía- admitió que no se hizo un diagnóstico adecuado de la situación y se entregó información confusa a los funcionarios del gobierno que comunicaron la noticia.
Muchas familias afectadas por el hecho decidieron demandar al Estado por desinformación y procedimientos irregulares.
El terremoto y posterior tsunami dejaron en Chile al menos 500 víctimas fatales.
