Archives 2019

Apreciar lo que tenemos Reflexion

Eres soltero y te falta compañía

Estás en pareja y te falta libertad

Trabajas y te falta tiempo

Tienes demasiado tiempo libre y te gustaría trabajar

Eres joven y quieres crecer para hacer las cosas de los adultos

Eres adulto y te gustaría hacer las cosas de los jóvenes

Estás en tu ciudad pero te gustaría vivir en otro lugar

Estás en otro lugar pero te gustaría volver a tu ciudad…

Tal vez es hora de dejar de mirar siempre a lo que nos falta y empezar a vivir en el presente, realmente apreciando lo que tenemos.

Disfruta el aroma de tu hogar antes de abrir la puerta y salir a buscar los perfumes del mundo.

Porque nada se da por sentado, y todo es un regalo.

Dale valor…

Oscar Travino – siete segundos

Lenín Moreno: Estamos haciendo estudio de vehículos en el sector rural para afectar lo menos posible cuando focalicemos el subsidio

Un estudio a vehículos que usan gasolina y diésel en el sector rural con la finalidad de «afectar en lo menos posible» cuando se focalicen los subsidios es lo que está realizando el Gobierno. Así lo afirmó el presidente Lenín Moreno, durante un conversatorio con la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión (AER).

«En este momento sí, de manera más técnica estamos haciendo pruebas en gasolineras. Estamos haciendo un estudio de los vehículos que existen a gasolina, diésel en el sector rural para afectar en lo menos posible el momento en que focalicemos el subsidio, para afectar en lo menos posible a quienes más necesitan», señaló el mandatario.

En ese contexto indicó que no debe perder de vista el objetivo: «De aquí en adelante no sean los empresarios, los contrabandistas de gasolina y diésel y narcotraficantes los que se beneficien, de algo que debería ser para el pueblo entero».

Ante la pregunta de cuándo se realizaría la focalización, mencionó que hay cálculos de febrero, marzo o abril. Además, no descartó que se incluya el diésel.

Más pesa el tema social en subsidios para 2019, en la proforma presupuestaria en Ecuador
«Vuelvo a recalcar, no volveremos a tomar una decisión, mientras no estemos claro que la focalización afecta a quienes debe y no a los pobres del Ecuador», remarcó.

El primer mandatario pidió paciencia en este tema. «Todas las pruebas se están haciendo, estemos a la expectativa, tengamos un poco de paciencia, a lo mejor es lo que nos faltó en el momento que tomamos la decisión y usted ve las consecuencias, mejor hagamos las cosas bien desde el comienzo», dijo.

El pasado martes se conoció que la proforma presupuestaria 2020 pasará por el ministerio de la ley. Este proyecto fue entregado dos semanas después de las duras manifestaciones que tuvieron lugar en el país, entre el 3 y 13 de octubre, a raíz de la eliminación de un subsidio a las gasolinas, que fue derogado para poner fin a las protestas. (I)

 

Fuente: www.eluniverso.com

En Ecuador el 40% de las personas privadas de la libertad tiene prisión preventiva

Casi un 40% de la población carcelaria en Ecuador tiene prisión preventiva y, al momento, existe un hacinamiento de unas diez mil personas privadas de la libertad (PPL). Así lo expresó el pasado martes Edmundo Moncayo, director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad (SNAI), en una entrevista radial en Notimundo.

Moncayo dijo que cuando se hicieron cargo del sistema penitenciario habían unas 40.078 PPL, un número que va variando, por lo que al momento existen unas 39.608 PPL; es decir, ha habido un descenso en el porcentaje de hacinamiento de un 40,4 % a un 34 %.

Lenín Moreno dispone, mediante decreto, estado de excepción en las cárceles del país
Agregó que ese descenso se debe a la ejecución de dos medidas. Una el incremento de jueces de garantías penitenciarías, un nombramiento que fue solicitado ante el Consejo de Judicatura (CJ).

«Hoy estamos trabajando con 4 jueces especializados en Cotopaxi, en Guayaquil, en Turi (Azuay) y en Manabí en el centro de privación de El Rodeo», dijo.

El objetivo es que estos jueces tramiten de manera rápida los beneficios para las PPL para que puedan salir a un sistema semiabierto, controlado por esta dirección, e incluirse en la sociedad.

Medidas alternativas

Moncayo señala que deben comenzar a pensar en medidas alternativas a las prisiones. «Tenemos que comenzar primero en que la prisión preventiva es un hecho excepcional que el fiscal tiene que utilizar para ir a la etapa de la investigación previa. (…) Tenemos casi procesados dentro de los centros de privación de la libertad casi un 40% (…)», indicó.

Más plazo a emergencia carcelaria en Ecuador
La segunda medida es la reasignación y readecuación de centros penitenciarios que estaban subocupados y que con las debidas seguridades se ha ido implementando, dijo. «Hoy tenemos un exceso de aproximadamente diez mil personal privadas de la libertad (..) pero que en este año la tendencia es hacia la baja que si bien es cierto en el contexto internacional estamos por debajo de la línea base media de los países de Sudamérica y el Caribe», señala Moncayo.

Manifestó que el hacinamiento es el mal dentro de los centros privados de la libertad, porque el exceso de personas les impide tener una rehabilitación adecuada, mejorar cierto tipo de acciones y controles, añade.

Tres reos escaparon de CRS de Cotopaxi
Según Moncayo, una de las medidas inmediatas es buscar la pacificación que viene con el hecho de que están preocupados de que cumplan su pena dentro de los parámetros en su dignidad. «Hemos tenido mejoras ostensibles en su carácter y comportamiento de ciertos centros. Hoy ellos están preocupados de mejorar y ayudar las condiciones de vida».

Moncayo indicó que han solicitado unos 17 millones de dólares de presupuesto para medidas de infraestructura, seguridad, tecnología que permitan seguir fortaleciendo ciertos procesos que considera aún tienen debilidades. «Esperamos que ese presupuesto nos ayude para reorganizar ciertos lugares donde tenemos previsto readecuar que nos permita tener mayor cantidad de camas hacinadas (…)».

El 16 de mayo pasado el presidente Lenín Moreno emitió un decreto de emergencia en las cárceles del país por 60 días. Luego se amplió el plazo a un mes más el estado de excepción. (I)

 

Fuente: www.eluniverso.com

Caso Petroecuador: Frank Chatburn comenzará a cumplir su condena de 42 meses de cárcel en febrero próximo

El intermediario Frank Chatburn Ripalda, condenado en Miami por el esquema de sobornos de Petroecuador, colabora con los fiscales estadounidenses en el caso de la quiebra del grupo Biscayne Capital, fundado por ecuatorianos.

Una jueza de Florida lo condenó el miércoles pasado a tres años y medio de prisión, pena que cumplirá a partir de febrero del 2020. Los cargos fueron lavado de activos y violación a la Ley de prácticas corruptas en el extranjero.

Los fiscales pedían al menos siete años, pues lo consideraban una pieza central en el esquema que funcionaba en la estatal petrolera, creado por una red de contratistas que daban sobornos a funcionarios.

Grabación clandestina fue clave en caso sobre Petroecuador en Estados Unidos

Además, Chatburn intermedió para que otro funcionario ecuatoriano recibiera coimas de Odebrecht. Aunque no se lo menciona, por los documentos del proceso analizados por este Diario, se trataría del exministro Pedro Merizalde.

De acuerdo con su confesión, lavó unos $3,5 millones entre 2013 y 2015 a través de empresas de pantalla creadas en Panamá, movilizando el dinero por Islas Caimán, Curacao, Suiza y EE. UU. Además, falsificó documentos para esconder estas transacciones.

Su proceder está enlazado directamente con el del contratista Ramiro Luque Flores, de GalileoEnergy. Gracias a Luque, Chatburn conoció a los otros funcionarios de Petroecuador, a quienes les ofreció sus servicios de intermediario financiero.

Asimismo, cuando Luque fue detenido en Nueva York y decidió colaborar con la justicia, grabó varias conversaciones con Chatburn, pues le reclamaba la devolución de $2 millones de sus ganancias de los contratos con Petroecuador.

El caso se descubrió por las revelaciones de los Papeles de Panamá, publicadas por este Diario. El nombre de Chatburn aparece relacionado con unas 40 empresas creadas con el estudio Mossack Fonseca.

Justicia de Estados Unidos conecta coimas de Petroecuador y de Odebrecht
El proceso en Ecuador arrancó por la denuncia de Pedro Merizalde y entre los condenados están Álex Bravo y Carlos Pareja Yannuzzelli. Chatburn no es parte de ese proceso.

En uno de los últimos escritos presentados por sus abogados ante la corte de Miami, se señala que Chatburn tuvo una infancia difícil, que logró salir adelante por su propio esfuerzo y que donaba dinero para fundaciones. Cartas de familiares y de amigos testimoniaron de su buen proceder.

En su confesión, el ecuatoriano estadounidense admitió su papel en otro esquema fraudulento para estafar a inversionistas. Se trata del grupo Biscayne Capital, que se acogió a un proceso de quiebra en Florida a fines del 2018.

Otros acusados

Marcelo Reyes López y Arturo Escobar Domínguez, exfuncionarios de Petroecuador, ya fueron condenados en Miami por el esquema de sobornos. Juan Andrés Baquerizo Escobar, de Oil Services&Solutions, también ya fue condenado. En cambio, Ramiro Luque Flores aún espera sentencia. (I)

 

Fuente: www.eluniverso.com

El 20 de diciembre de 1989 se desató el horror en Panamá con la “Operación Causa Justa”

Treinta años después de la invasión de Estados Unidos a Panamá se desconoce el número de muertos de la triste época de Navidad que se inició el 20 de diciembre del 1989.

Estados Unidos lanzó su “Operación Causa Justa” la madrugada del 20 de diciembre con unos 27.000 soldados y el objetivo de capturar a Noriega, proteger la vida de los estadounidenses que residían en el país y restaurar la democracia en la nación del canal interoceánico, según pregonó el entonces presidente estadounidense George Bush padre.

La acción comenzó con un feroz bombardeo al barrio popular del Chorrillo, donde operaba el cuartel general de Noriega. El fuego destruyó las viejas casas de madera del gueto capitalino y desplazó a miles de personas.

Hoy el barrio mantiene zonas desoladas donde según los residentes cayeron bombas, un poste de hierro de luz eléctrica que muestra orificios por el impacto de balas y grafitis en las paredes del gueto que despliegan frases como: “Prohibido olvidar” y “20 de diciembre, duelo nacional”.

Muchos de los que sobrevivieron a la invasión aún se quejan de los pequeños apartamentos que el gobierno luego les entregó en edificios multifamiliares de concreto construidos en el barrio destrozado después de la invasión. Los residentes del Chorrillo, que históricamente han vivido con la violencia y la actividad de bandas delictivas, también se quejan de la pobreza y la falta de empleo.

“La invasión dejó muchas armas en el barrio y la violencia se incrementó”, dijo la veterana dirigente del barrio del Chorrillo, Olga Cárdenas. “Muchos de los chicos que crecieron tras la invasión exigen oportunidades; también tiene traumas del bombardeo”.

De acuerdo con datos oficiales, 300 militares y 214 civiles panameños –muchos del Chorrillo– murieron durante la invasión, aunque la cifra sigue generando controversias y grupos de derechos humanos, así como la Asociación de Familiares de los Caídos, consideran que es mucho mayor. Del lado estadounidense, se registraron 23 soldados muertos.

Muchos de los fallecidos panameños fueron enterrados en fosas comunes en un cementerio de la capital, pero meses después y ante el reclamo de familiares se hicieron unas exhumaciones en que se lograron identificar a muchos de los restos.

Búsqueda de desaparecidos
La Comisión 20 de diciembre abrió la posibilidad de determinar el número preciso y la identidad de las víctimas, dijo el secretario ejecutivo de esa instancia, José Luis Sosa. Además, para dar a “conocer las graves violaciones” a los derechos humanos durante conflagración.

Sosa agregó que la comisión, integrada por cinco miembros de la sociedad civil reconocidos en el campo jurídico y académico y que comenzó a operar activamente en 2017, logró recabar documentos, entre ellos archivos judiciales, algunos con sobreseimiento provisional, así como nuevos elementos de investigación y testimonios de los familiares de víctimas. Con los nuevos elementos y pruebas solicitaron la exhumación y reapertura de 15 casos de personas entre desaparecidas y desconocidas, explicó.

“Sabemos que hay más personas desconocidas y desaparecidas y que probablemente puedan ser encontradas en estas tareas”, agregó.

El Ministerio Público dio el aval para la reapertura de los casos y con ellos las nuevas exhumaciones. La zona donde se realizará ese proceso incluye pequeñas fosas donde hay cuerpos sepultados individualmente y con puntos ya identificados previamente por la Comisión.

El grupo ha constituido un banco de ADN con muestras biológicas de familiares de personas desaparecidas, las cuales serán contrastadas con los restos que se exhumarán.

“Ya estamos en camino para el reconocimiento de algunas personas desaparecidas, no en su totalidad porque a 30 años muchas evidencias ya fueron perdidas”, destacó Trinidad Ayola, presidenta de la Asociación de Familiares de los Caídos. Refirió que durante los diez años que lleva dirigiendo esa organización se le han acercado personas que le han expresado la pérdida de sus familiares durante la invasión, pero que no se atrevían a denunciarlo.

Ayola explicó que todo este proceso se da gracias a que la gente se atreve a hablar más, algo que no hicieron antes por temor a las autoridades.

A diferencia de otros familiares, ella sí se enteró rápido de la muerte de su esposo y su localización en una morgue capitalina gracias a una desgarradora fotografía divulgada en un periódico que llegó a sus manos.

Duelo nacional cada 20 de diciembre
Ella y los familiares de los caídos, entre tanto, lograron esta semana algo por lo que habían reclamado desde la invasión: que el gobierno declarase, por primera vez, día de duelo nacional el 20 de diciembre. Los familiares también obtuvieron lo que consideraron una victoria moral el año pasado con un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que culpó a Estados Unidos de la invasión y pidió resarcimiento.

Para Estados Unidos, sin embargo, fue una mera recomendación, ya que ese país no reconoce la jurisdicción de la CorteIDH, que es la instancia superior a la CIDH, según expertos.

“Finalmente hay señales importantes para las víctimas a medida que se aproxima el 30 aniversario”, dijo Ayola a la AP. “El duelo nacional y la posibilidad que otras familias identifiquen a los suyos para que los entierren como debe ser. No pueden quedar en el olvido”. (I)

 

Fuente: www.eluniverso.com