A simple vista, puede leerse como una pregunta sencilla y sin mayores implicaciones. Pero en Estados Unidos ha desatado una polémica.
El censo de 2020 preguntará a los encuestados por primera vez desde 1950 si son o no ciudadanos estadounidenses.
Los estados de California y Nueva York anunciaron que introducirán demandas ante los tribunales para bloquear la medida, al argumentar que la pregunta disuadirá a los inmigrantes de participar.
El gobierno de Donald Trump dice que la información ayudará a destinar recursos federales y fortalecerá las leyes electorales diseñadas para prevenir la discriminación.
El censo es obligatorio bajo la Constitución de EE.UU. y se realiza cada 10 años, contando a cada persona que vive en el país.
Quienes critican la medida señalan que el gobierno republicano busca alterar el balance político del poder en los mapas legislativos.
El último censo en Estados Unidos se realizó en 2010.
La información recogida por el censo ayuda al gobierno estadounidense a calcular la distribución de los recursos y a dibujar los distritos para las elecciones locales y estatales.
Los estados con poblaciones numerosas de inmigrantes donde domina el Partido Demócrata argumentan que la pregunta de la ciudadanía hará que se cuenten menos personas porque menos van a participar en la encuesta.
Los demócratas temen perder puestos legislativos a nivel estatal y en el Congreso en Washington DC, así como financiamiento del gobierno federal.
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Kristen Clarke, presidenta del Comité de Abogados para los Derechos Civiles bajo la Ley (Lawyers’ Committee for Civil Rights Under Law, en inglés), le dijo a la agencia Reuters que la pregunta exponía “posturas de políticas antiinmigrantes y xenofóbicas por parte del gobierno (de Trump)”.
¿Qué dice el gobierno de Trump?
“Hemos visto esto en la práctica antes. La única excepción fue en el censo de 2010”, argumentó el martes la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, cuando una reportera le cuestionó si preguntar a los censados si son ciudadanos de EE.UU. perjudicaría a los estados de mayoría demócrata.
Sarah Sanders, portavoz de la Casa Blanca, dijo que “no es la primera vez” que se hace esta pregunta en el censo de EE.UU.
Sin embargo, el Departamento de Comercio de Estados Unidos informó que la última vez que se hizo esta pregunta en el censo fue en 1950.
Sanders dijo que el propósito de volver a incluirla es “determinar a las personas que viven en el país y que el censo provea información que nos permita cumplir con nuestras leyes y procedimientos”.
El Departamento de Comercio, a cargo del censo, dijo el lunes que había añadido la pregunta tras un pedido del Departamento de Justicia.
El secretario de Comercio, Wilbur Ross, dijo que el Voting Rights Act —una ley federal de 1965 que protege los derechos electorales de las minorías— requería de un recuento de ciudadanos con edad suficiente para votar para garantizar que los grupos minoritarios no fuesen discriminados.
El valor de los datos más completos y precisos a partir de encuestar a toda la población supera esa preocupación (de hacer la pregunta sobre la ciudadanía)”.
Wilbur Ross, secretario de Comercio de Estados Unidos
Ross dijo que así la pregunta sobre la ciudadanía tuviese un efecto sobre las repuestas, “el valor de los datos más completos y precisos a partir de encuestar a toda la población supera esa preocupación”.
La agencia dirigida por Ross apuntó que en otras encuestas más pequeñas preguntan a los encuestados si son o no ciudadanos estadounidenses.
Una de las preguntas del censo estadounidense de 2010 es si la persona se identifica como hispana, latina o de origen español.
El Departamento de Comercio tiene hasta finales de mes para presentar ante el Congreso un listado final de preguntas para el censo de 2020.
El presidente Trump ha argumentado antes, sin brindar ninguna evidencia, que millones de inmigrantes indocumentados votaron en la elección presidencial de 2016.
¿Qué dicen los críticos?
El fiscal general de California, Xavier Becerra, solicitó el martes a un tribunal que dictamine que esa pregunta en el censo violaría la Constitución estadounidense.
Los estados de Nueva York y California anunciaron que introducirán demandas por considerar inconstitucional que se incluya la pregunta en el censo.
Becerra alegó que interferiría en la obligación del gobierno de registrar un conteo completo de la población.
La población de EE.UU. se estimó en más de 325 millones para finales de 2017.
El fiscal general de Nueva York, Eric Schneiderman, dijo que la pregunta “crearía un ambiente de miedo y desconfianza en las comunidades de inmigrantes”.
Fiscales generales de otros 19 estados le escribieron al secretario de Comercio en febrero para oponerse a los “enormes daños” que dicen causará hacer esta pregunta en el censo.
