La fiscalía de España le pidió a la Justicia que emita una orden de arresto para el depuesto líder de Cataluña Carles Puigdemont por su rol en la celebración del referéndum por la independencia de la región que se se llevó a cabo el 1 de octubre.
Más temprano este jueves, la fiscalía de la Audiencia Nacional en Madrid había pedido prisión incondicional para ocho exconsejeros del gobierno de Cataluña, acusados de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos.
El expresidente catalán, expulsado de su cargo por el gobierno de España en virtud del artículo 155 de la Constitución española, estaba llamado a declarar este jueves en condición de investigado ante dicha audiencia.
Sin embargo, tanto él como otros cuatro exconsejeros desestimaron la convocatoria.
La petición de orden europea de detención y entrega (OEDE) afectaría también a estos otros cuatro, que son Antoni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig y Meritxell Serret.
El gobierno español asumió el gobierno de Cataluña y convocó a elecciones para el 21 de diciembre.
Desde esta semana Puigdemont se encuentra en Bruselas, la capital de la Unión Europea en Bélgica: “No estoy aquí para pedir asilo político”, dijo este martes en conferencia de prensa.
“Una parte del gobierno catalán se ha desplazado a Bruselas, entre ellos yo mismo, para hacer evidente el problema catalán en el corazón institucional de Europa y denunciar la politización de la justicia española”, agregó.
De hecho, desde Bélgica, Puigdemont calificó la sesión en la Audiencia Nacional como “política”.
El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, ordenó la semana pasada asumir el control de Cataluña, disolvió su Parlamento y convocó a elecciones anticipadas en esa región el 21 de diciembre.
Miembros del depuesto gobierno regional de Cataluña declararon ante la Audiencia Nacional en Madrid este jueves.
La decisión la tomó el gobierno central después de que legisladores catalanes votaran el 27 de octubre a favor de una declaración de independencia en esa región.
¿Qué sucede ahora con Puigdemont?
En caso de que la Justicia española emita la OEDE, la misma incluye la “búsqueda, captura, detención y entrega” de la persona que se reclama, le explica a BBC Mundo Anna Terrón, presidenta de Instrategies, un think tank especializado en asuntos internacionales y europeos con base en Barcelona.
Según Terron, la autoridad receptora no puede negarse a las tres primeras acciones y, en principio, tampoco puede negarse a la entrega si el delito contempla una pena superior a los 12 meses.
La crisis por la independencia de Cataluña es la peor en las más de cuatro décadas de democracia en España.
En el caso de Puigdmont y los exconsejeros, el plazo se supera con creces: los delitos de sedición, rebelión y malversación pueden comportar hasta 30 años de cárcel.
Una fuente de la fiscalía federal belga afirmó a la agencia de noticias EFE: “Solo puedo decir que se aplicará la ley, si la recibimos (la euro orden). No podemos hacer más comentarios ni conjeturas”.
Cabe destacar que la ley belga contempla rechazar la orden si hay razones para creer que su ejecución puede vulnerar derechos fundamentales de la persona reclamada recogidos en el Tratado de la Unión Europea.
