Más de 150 comunidades indígenas en el Oriente del Ecuador siguen afectadas por el derrame de petróleo
Más de 150 comunidades indígenas de las provincias de Sucumbíos, Napo y Orellana siguen afectadas de forma directa por el derrame de petróleo ocurrido el 7 de abril pasado, según ONG ambientalistas y dirigentes locales. Suman más de 27 mil personas con problemas de acceso al agua y comida
En medio de la grave crisis sanitaria que afecta al país, los miembros de estas comunidades se quedaron en casa cumpliendo la cuarentena dispuesta por lo que dependían por completo de los ríos para proveerse de agua ya que no pueden visitar las ciudades cercanas.
Pero el líquido que transcurre por las laderas se puso negro y tóxico por el derrame que se dispersó por los rios amazónicos Quijos, Napo y Coca.
Un comunicado de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) refiere que la contaminación se originó al romperse tramos del Sistema de Oleoductos Transecuatoriano (SOTE) y el poliducto Shushufindi, ambos administrados por la estatal Petroecuador y del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) manejado por la empresa privada.
La Conaie indica que «fue una tragedia anunciada pues estaría relacionada con el colapso de la cascada San Rafael (ubicada en el límite de las provincias de Napo y Sucumbíos) el pasado 2 de febrero».
Hay aproximadamente 118 000 personas afectadas (incluyendo los que sufren las consecuencias de forma indirecta) de 22 parroquias de las provincias de Napo, Orellana y Sucumbíos, según la Conaie.
La ruptura fue causada por una erosión repentina en la cascada San Rafael, resultado del proyecto de manejo sedimentológico en la represa hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, afirma el colectivo independiente de científicos y conservacionistas aglutinados bajo el nombre Todos Juntos por la Amazonía.
Científicos y expertos de Amazon Frontlines habían advertido a las autoridades ecuatorianas que la erosión por las fuertes lluvias era inevitable, sin embargo, no se tomó ninguna medida preventiva para proteger los oleoductos, refieren.
El ministro de Energía, René Ortiz, declaró el 20 de abril último en la Asamblea que fueron más de 15 000 barriles perdidos y vertidos.
Esto lo calificaría como el segundo más grande de los últimos 15 años, aseguran los científicos que conformaron una red para enviar ayuda a los afectados.
Una crisis dentro de otra crisis
Los ríos Coca y Napo alimentan las áreas más prístinas y biodiversas del Ecuador y del mundo. Manuel Coquinche, comunero de Martinica, en la frontera con Perú, comenta que “incluso en áreas lejanas, a 200 km del origen del derrame, están hoy contaminadas con petróleo.
Tal es el caso de las lagunas Pañacocha y Jatuncocha, últimos refugios del manatí amazónico (Trichechus inunguis), en peligro crítico de extinción.
“La comunidad está bien, no hay infectados por Covid, pero las necesidades son bastantes en este momento. Hasta ahora, el gobierno no ha llegado con información, apenas una pequeña ración de comida” dijo Katty Balladares de la Comunidad Mandari Panga que vive en las riberas del Río Tiputini, en la provincia de Orellana.
Si las necesidades de agua limpia y alimentos saludables, agravadas por la pandemia del COVID-19, no son satisfechas, las comunidades corren el riesgo de desaparecer, indica el colectivo.
A esto se suma que gran parte de las comunidades afectadas viven del ecoturismo para mantener la conservación de la selva por lo que el virus ha aniquilado esta fuente de ingresos y el derrame aumenta el riesgo de estas comunidades ya vulnerables. “Las personas no tienen que comer, y ahora hay el riesgo de volver a la cacería en zonas donde se había dejado de hacerlo”, comenta Coquinche.
La estatal Petroecuador y la empresa OCP indicaron en redes sociales que están tomando medidas para limpiar las áreas afectadas.
El gerente general de Petroecuador, Pablo Flores, aseguró en su comparecenia virtual en la Asamblea realizada el 20 de abril que el mismo 7 de abril se activó el plan de Emergencia y Contingencia para control de derrames con el que cuenta la empresa pública. «Se reunió el comité de crisis, se paralizaron las operaciones de bombeo y se activaron puntos de control para colocación de barreras y recolección del hidrocarburo en siete sitios estratégicos».
“Una niña se bañó en el río Napo unos días después del derrame y salió con ronchas y puntos blancos,” comenta Klider Gualinga, gerente local de Sani Lodge en la comunidad Kichwa Sani Isla: “No hay como bañarnos ni tomar agua del río por más de 10 días. Hoy en día muchas familias están sin agua y sin posibilidad de pescar por el crudo que sigue en las riberas del río”.
La empresa OCP ha comunicado que entregó 1500 kits de alimentación y más de 5oo 000 litros de agua potable. Sin embargo las comunidades más alejadas de las zonas urbanas, como el área de la frontera con Perú, se quejan de la ausencia de medidas de apoyo humanitario. informa el colectivo.
“Vivimos de este río y somos los que cuidan sus riberas. Pero ahora no se puede hacer nada porque no hay como pescar, no hay como vivir, no hay como comer» comenta Fernando Alvarado, presidente de la comunidad Alta Florencia, cerca de la frontera con Perú.
“Las autoridades no han llegado hasta aquí. El Ministro del Medioambiente debería estar aquí hoy, viendo lo que está pasando, tomando mediciones, hablando con nosotros. Pero solo vienen cuando quieren algo de nosotros”, agrega Alvarado.
Los dirigentes indican que hay casos de adultos y niños, que viven cerca del río Coca, con diarrea y dolor de cabeza intensos desde del derrame petrolero.
Las comunidades reportan que no son atendidas, ni por los médicos de las petroleras, ni por los centros de salud, estos últimos enfocados en atender a personas con COVID-19. (I)
Fuente: www.eluniverso.com
