El caso del empresario de internet Kim Dotcom, extranjero residente en Nueva Zelanda, disparó la revisión de las leyes sobre vigilancia.
Nueva Zelanda aprobó legislación para habilitar a su principal agencia de inteligencia a vigilar las comunicaciones de los ciudadanos y residentes en su territorio.
Mediante el voto parlamentario, el país otorgó poderes ampliados a la Oficina de Seguridad de Comunicaciones del Gobierno (GCSB, por sus siglas en inglés).
Hasta ahora, este organismo estaba habilitado a espiar sólo a aquellos que no tuvieran permiso de residencia en Nueva Zelanda.
Ahora, la nueva normativa establece que podrá realizar tareas de vigilancia sobre cualquier individuo, con la debida autorización judicial, con el fin de asistir a la policía, los militares u otros servicios gubernamentales.
Los cambios son consecuencia de una disputa por las tareas de espionaje sobre el empresario de internet Kim Dotcom, de nacionalidad alemana pero residente en suelo neozelandés.
La GCSB trabajó en conjunto con autoridades de Estados Unidos para investigar al excéntrico Dotcom, por presunta piratería digital y lavado de dinero.
Dotcom -fundador del sitio de intercambio de archivos Megaupload, ahora cerrado por la Oficina Federal de Investigaciones estadounidense (FBI)- ha negado las acusaciones y está peleando para evitar su extradición a Estados Unidos.
En marzo, un tribunal dictaminó que el empresario podía demandar a la GCSB por vigilancia ilegal.
