Perú expulsa al embajador de Venezuela, Diego Alfredo Molero, y el gobierno de Maduro responde echando al encargado de negocios de Lima en Caracas
Perú ordenó este viernes la expulsión de su territorio del embajador de Venezuela, el almirante y exministro de Defensa Diego Alfredo Molero Bellavia a lo que respondió el gobierno de Nicolás Maduro haciendo lo mismo con el encargado de negocios de Lima en Caracas.
A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú justificó su decisión por “la ruptura del orden democrático en Venezuela” y le dieron un plazo de cinco días a Molero para que abandone el país.
Por su parte, el gobierno de Maduro respondió dando cinco días para que abandone el país al encargado de negocios de Lima en Caracas, diplomático de más alto rango destacado en Venezuela desde que en marzo Perú retirara a su embajador.
La situación política en Venezuela ha generado una confrontación diplomática entre Lima y Caracas en los últimos meses, la cual se ha agravado tras la instauración de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) venezolana a principios de agosto.
El martes pasado, se firmó en la capital peruana la “Declaración de Lima”, por la que 12 países señalaban que consideran que Venezuela “ya no es una democracia” y descalificaban como “ilegitimas” las decisiones que tome la ANC.
En octubre de 2014 el almirante Diego Molero fue designado embajador de Venezuela en Perú.
Venezuela envió una nota de respuesta ante la llamada “Declaración de Lima”, pero la cancillería peruana informó este viernes que rechaza esa protesta diplomática.
“El Ministerio de Relaciones Exteriores informa que ha dado por no recibida la nota de protesta del gobierno de Venezuela sobre la Declaración de Lima, debido a que contiene términos inaceptables”, dice el comunicado.
Maduro convocó la ANC para buscar una salida a la grave crisis política y económica que vive el país, sumido en una ola de protestas antigubernamentales en las que han perdido la vida más de 120 personas.
El detonante de las manifestaciones fueron unas resoluciones en las que el TSJ, al que la oposición considera que trabaja al dictado del oficialismo, se atribuía las competencias de la Asamblea Nacional, a la que ya antes había declarado en “desacato”.
